La Junta de Andalucía tramita 4.832 denuncias a transportistas en los cinco primeros meses del año

En los cinco primeros meses del año se han realizado en la comunidad andaluza inspecciones a un total de 14.129 vehículos de transporte por carretera, de los que el 87% corresponden al transporte de mercancías.

23/08/2013 a las 19:05 h

Celebración del Pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera

Los resultados de la inspección efectuada entre enero y mayo de 2013, arrojan un total de 4.832 denuncias, motivadas fundamentalmente por carecer de tarjeta o autorización de transporte, exceder el peso y viajeros autorizados, superar los tiempos de conducción sin respetar los obligatorios descansos, así como por otras razones relacionadas con el traslado de mercancías peligrosas y perecederas, la manipulación del limitador de velocidad o el mal funcionamiento del tacógrafo.

Las denuncias pueden llevar aparejadas sanciones económicas, que oscilan entre los 100 y los 4.001 euros, pudiendo alcanzar hasta los 18.000 euros y la inmovilización del vehículo, supuesto que se ha adoptado en 130 casos.

Esa inspección y vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil, se ha centrado mayoritariamente en empresas de transporte que desarrollan su actividad en el ámbito nacional, con un saldo de 13.722 inspecciones; siendo 407 el balance de controles a vehículos de carácter internacional.

Con esta labor de control, que se realiza durante todo el año, se supervisa la documentación que de forma obligatoria deben llevar los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros; y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente, prestando especial atención al ámbito de las mercancías peligrosas y perecederas.

Estas inspecciones en carretera, se complementan con labores de supervisión en empresas de transporte de mercancías, realizadas para garantizar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, como viene impuesto por normativa comunitaria y tras enviar a las empresas los correspondientes requerimientos.

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