La Justicia española, fiel a la velocidad que secularmente le caracteriza, ha anulado Madrid Central, años después de que el proyecto haya quedado sepultado, por defectos de forma.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima que el anterior equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena debería haber elaborado una memoria económica del proyecto y que, de igual modo, debería haberlo sometido a información pública, con el fin de que los ciudadanos pudieran dar su opinión.

Así pues, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente, de esta manera, los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la empresa DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones, así como su regulación.

De esta manera, si la sentencia se confirma y se hace firme finalmente, a expensas de un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo, decaerían todas las multas impuestas, que también serían nulas, mientras estuvo en vigor este polémico proyecto de limitación en el acceso a la almendra central de la capital para los vehículos más contaminantes.

Además, Fenadismer estima que una vez que la sentencia sea firme, supondrá «un verdadero respiro para los miles de transportistas que diariamente reparten en el centro de la ciudad, a los que se les había expulsado por carecer su vehículo de distintivo ambiental o bien se les había restringido su horario de actividad, obligándoles a inversiones inasumibles en la renovación de su flota».