Las medidas de suspensión de la contratación pública y las restricciones a la movilidad han impactado negativamente en la actividad del sector de la construcción durante 2020. Así, la licitación pública en obra civil se ha reducido un 26%, hasta los 8.364 millones de euros, y la contratación pública ha caído un 40% hasta los 6.348 millones.

Se sitúan, en ambos casos, en niveles del año 2014, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN. De hecho, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes y el de Transición Ecológica no ha superado el 68,7%.

En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones, por los retrasos en la licitación y adjudicación de contratos, la suspensión y resolución de los mismos por adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos y la elevada judicialización de los problemas surgidos de la interpretación y cumplimiento de los contratos.

Desde la Asociación, también señalan «la indecisión política» para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para resolver el déficit en infraestructuras y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2020, el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 millones.

Las perspectivas para 2021 son inciertas, ya que el crecimiento potencial, situado entre el 1% y el 2,7%, está condicionado por la ejecución presupuestaria, las decisiones de las Administraciones de impulsar contratos de colaboración público-privadas y su capacidad para gestionar en plazo las ayudas europeas, que para 2021, se estiman en 34.490 millones.

Desde SEOPAN, han pedido que se plantee a las autoridades europeas una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas, por los retrasos en la aprobación de las normas regulatorias de los fondos europeos.