Esta semana, nos desayunamos con la noticia de que la fiscalía quiere dar el tratamiento de delito a las manipulaciones del tacógrafo. Nada que decir al respecto, salvo que las formas en las que se da a conocer la noticia pudieran aparentar que es una práctica habitual en el sector, que debe ser atajada poco menos que a sangre y fuego.
La realidad es que existe un terreno muy difuso en el que ciertas actuaciones que se tratan como manipulación no son tales, y que no está claro quién va a ser tratado como delincuente. ¿El conductor o su empresa? ¿Ambos?
De los 15.793 expedientes incoados por cuestiones relacionadas con el tacógrafo en el año 2018, 443 fueron resueltos por manipulación, es decir, apenas el 0,028%. Tampoco conocemos cuántos de estos expedientes han sido llevados al contencioso administrativo y cuantos se han resuelto a favor del presunto infractor.
Sirva este dato para dejar claro que la conducta del sector en general, al menos en esta cuestión, es intachable; sin por ello dejar de censurar la conducta en sí, que debe ser rechazada de manera tajante por todos los transportistas.
Por otra parte, contra todo lo que pueda parecer, la siniestralidad en los vehículos dotados de tacógrafo digital es escasa, y en un porcentaje muy alto sus conductores no son los culpables de los mismos.
Preocupa a Fetransa, no el trato que se dé a las manipulaciones de los tacógrafos, sino la continua criminalización que se pretende de nuestro colectivo. Por las formas en las que se presenta la noticia así lo parece.
Así mismo, nos preocupa el hecho que puedan acabar siendo tratados como presuntos delincuentes personas que nada han tenido que ver con lo que algún inspector puede interpretar. Existen situaciones que, de manera objetiva, han de ser tratadas como una manipulación; no obstante, hay otras situaciones en que la cuestión puede resultar mucho más difusa.
Preocupa, pues, a Fetransa, quién va a ser considerado como presunto delincuente, o como delincuente.