Los transportistas piden una mayor coordinación de las diferentes normativas de transporte autonómicas existentes en el país, con el fin de, como resume Fenadismer, «evitar distorsiones y burocracias innecesarias a las empresas transportistas y garantizar la unidad de mercado, así como la competencia leal en el transporte por carretera en España».

De hecho, muchas regiones aplican criterios divergentes en elementos fundamentales que vertebran el mercado de transporte, como, por ejemplo, en lo que respecta al régimen de autorizaciones o la aplicación del requisito de pérdida de la honorabilidad en la imposición de sanciones de transporte, tal y como ha podido constatarse en la última reunión anual de la Comisión de Directores Generales de Transporte con el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

En este sentido, la dispersión en la notificación electrónica de los expedientes administrativos que obligan a las empresas transportistas a consultar las sedes electrónicas de las 17 comunidades autónomas.

De igual modo, también existen variaciones en relación con el establecimiento de requisitos y niveles de exigencia muy diferentes en los exámenes de acceso al sector, como lo prueba el hecho, según Fenadismer, de que «para 2020 alguna comunidad autónoma aún sigue convocando exámenes para la obtención del título de competencia profesional para el transporte sin exigir a los aspirantes el nivel académico establecido en el nuevo ROTT«.

Así mismo, los transportistas también echan en falta la existencia de valoraciones uniformes en el control e inspección de las empresas buzón, la necesidad de que las Juntas Arbitrales reconozcan su competencia en las reclamaciones de los transportistas contra los cargadores por la vía de la acción directa y la armonización fiscal en la tributación de las actividades empresariales.