La nueva Ley de Transición Energética aportará "certidumbre" a los compradores

Desde la patronal de concesionarios valoran que no se ponga en duda ninguna de las tecnologías disponibles para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.

25/02/2019 a las 20:51 h

NGVA Europe ha analizado el uso del gas natural como combustible y su consecuente impacto en las emisiones de gas de efecto invernadero. Se pretende evitar que se reproduzcan en el territorio nacional leyes como la recientemente aprobada en las Islas Baleares.

La aprobación del anteproyecto de Ley de Transición Energética por parte del Consejo de Ministros aportará "certidumbre y confianza" a los compradores, al haberse eliminado las referencias a la prohibición de vehículos de combustión y apostar por la colaboración con el sector.

Así se han manifestado desde la patronal de concesionarios, Faconauto, entendiendo que es un buen punto de partida para que la transición hacia la descarbonización se realice de una manera "ordenada y justa". Se valora también que el plan se centre en la reducción paulatina de las emisiones a través de medidas que contribuyan a introducir en el parque los vehículos de cero emisiones.

El anteproyecto recoge, según se explica, el enfoque defendido por los concesionarios, sin poner en duda ninguna de las tecnologías disponibles. Por ello, creen que el texto podrá "acabar con el clima negativo y de incertidumbre que hay alrededor del automóvil", lo que ha generado una caída de las matriculaciones en los últimos seis meses.

En este sentido, confían en que durante su tramitación parlamentaria, que se llevará a cabo tras las elecciones generales, consigan incluirse medidas que mejoren la confianza del consumidor y contribuyan a renovar el parque de automóviles.

De este modo, se pretende evitar que se reproduzcan en el territorio nacional leyes de cambio climático como la de las Islas Baleares, que "obstaculiza la unidad de mercado y podría incumplir el derecho de la Unión Europea".

En la hoja de ruta propuesta por Faconauto, destaca el achatarramiento de vehículos con más de 10 años antes de 2030, lo que exige la aprobación de incentivos para que todos los ciudadanos puedan acceder a vehículos de bajas emisiones, especialmente los de rentas medias y bajas.

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