El pasado miércoles 2 de julio, el secretario de Estado de Transportes, Frédéric Cuvillier, ha recibido a las patronales para hacer un balance de la situación en el sector. Después de discutir las cuestiones sociales y económicas, se ha abordado el debate sobre la ecotasa.

La OTRE ha expuesto al secretario su opinión de que el nuevo peaje en tránsito sigue siendo una ‘ecotasa’ y, junto a otros representantes del sector, ha vuelto a reiterar las advertencias sobre las desventajas que tendrá el dispositivo. Am pesar de las críticas recibidas, Cuvillier ha seguido defendiendo el peaje que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, aunque en octubre se abrirá un periodo de pruebas para verificar el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, la OTRE recuerda que «durante 2013, hemos escuchado el mismo discurso varias veces», ya que, en un principio, la ecotasa iba a comenzar el periodo de pruebas en abril de 2013, para aplicarse en octubre del mismo año. No obstante, en septiembre, se retrasó su entrada en vigor hasta el 1 de enero; a finales de año, se anunció su suspensión definitiva hasta que se realizara una reforma fiscal en Francia.

En este caso, «el nuevo impuesto ambiental también requerirá de una serie de elementos», como la instalación de dispositivos en los camiones, por lo que la entrada en vigor en enero de 2015 «es muy optimista». La OTRE ha recomendado a los transportistas que rehúsen registrarse en Ecomouv para contratar el pago del nuevo peaje. En cuanto a aquellos que ya se han registrado, la OTRE les aconseja que devuelvan sus tarjetas de identificación a los proveedores.

Por su parte, la asociación está tratando de verificar la posibilidad de revocar los contratos alegando un retraso en la aplicación de la ‘ecotasa’ y las consecuencias de la reducción del número de licencias.

Con este «boicot» esperan que tanto el gobierno como las compañías «no se rían de nosotros» y que vean que están en contra de esta «versión II de la ‘ecotasa'». Además, advierten de que si al final del verano, eso no fuera suficiente, se iniciaría una «segunda fase» en contra del impuesto verde, unas medidas que, «teniendo en cuenta las posiciones adoptadas por cada federación el 2 de julio», podrían aplicarse de manera colectiva entre todas las asociaciones.