Manuela de Paz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, durante la presentación de las alegaciones al Pitvi

Manuela de Paz volverá a declarar ante la Justicia el 15 de diciembre.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha imputado a la presidenta del puerto de Huelva, Manuela de Paz, tras la denuncia presentada por CCOO, en mayo de 2014por la supuesta comisión de siete delitos, entre ellos prevaricación y malversación de fondos públicos.

La presidenta, que está llamada a declarar el próximo 15 de diciembre, ya prestó declaración ante el mismo Juzgado el pasado mes de junio. No obstante, la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al juez instructor que dividiera en dos las actuaciones ante la cantidad de delitos de los que se trataba, por lo que deberá volver a los juzgados.

Según la denuncia presentada en su día por el sindicato, De Paz habría cometido supuestamente delito de prevaricación «por dictar a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en julio de 2013».

En esta resolución se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria de Huelva por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado, según indican desde el sindicato.

Siete presuntos delitos

Desde CCOO también denunciaron «la supuesta comisión de delitos medioambientales» en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000.

Junto a los delitos medioambientales recogidos en el Código Penal que se estarían cometiendo, desde el sindicato apuntan «un delito de fraude de subvenciones», ya que la obtenida a través de Fondos Feder comunitarios, de más de 120.000 euros, «se hizo supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos».

Igualmente, la denuncia recogía la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos y una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.