La privatización parcial de Aena no afecta"necesariamente" a la conectividad de las regiones ultraperiféricas españolas, como las Islas Canarias, porque España ha decidido mantener el modelo de 'red de aeropuertos', según el cual todos los aeropuertos están sujetos a una gestión común que redunde en favor de la cohesión económica, social y territorial en todo el territorio nacional.
Así lo ha indicado la comisaria de Transporte de la UE, Violeta Bulc, en respuesta a una interpelación del eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, quien ha denunciado que el gestor de aeropuertos españoles queda ahora en manos de los intereses financieros de empresarios privados, lo que pone en riesgo la movilidad de la población canaria.
Además, el eurodiputado asegura también que este tipo de privatizaciones suele ir acompañado de una subida de tasas al transporte aéreo, lo que repercutiría negativamente sobre el turismo, principal actividad económica de las Islas.
A este respecto, Bulc le ha contestado que en Europa funcionan varios modelos diferentes de propiedad aeroportuaria, desde la privatización total a las concesiones, pasando por la plena titularidad pública, y la normativa de la UE sobre aeropuertos no hace distinción entre estos modelos.
Trece rutas de servicio público
En la misma línea, desde Bruselas indican que la legislación comunitaria ofrece además a los Estados miembros la posibilidad de garantizar un nivel adecuado de servicios aéreos en forma de obligaciones de servicio público, las cuales se han impuesto en trece rutas de las islas Canarias.
Así, en el caso de que las autoridades españolas consideren en el futuro que el mercado no satisface plenamente las necesidades de conectividad en determinadas rutas, tienen la posibilidad de optar por obligaciones de servicio público en esas rutas.
En lo que respecta al incremento de las tasas, la comisaria ha señalado que los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, al haber gestionado más cinco millones de pasajeros en 2013, están sujetos a la directiva comunitaria que establece principios comunes aplicables a la imposición de esas tasas, entre los cuales están las normas sobre la consulta de los usuarios, la no discriminación y la transparencia.