La aún insegura recuperación económica que se ha vivido en los últimos cinco años tras la gran crisis de 2008, no solo no ha llegado a todos por igual, sino que, además, según Fenadismer, ha beneficiado «exclusivamente las sociedades y las grandes empresas de transporte, en detrimento de los transportistas autónomos y las cooperativas de transporte«.

La organización estima, a partir de datos de Fomento, que entre enero de 2014 y el mismo mes de este mismo año, la flota de vehículos de transporte, tanto pesados como ligeros, de los autónomos ha descendido en casi un 24%, y la de las cooperativas en un 18%, mientras que, por contra, la flota en poder de las sociedades mercantiles ha crecido un 25%.

Pese a que el número total de empresas de transporte público de mercancías por carretera que operan en España se ha reducido en el último lustro, las empresas que tienen una flota superior a los 20 vehículos han crecido en un 35% y el número de empresas con flota superior a los 60 vehículos también se ha incrementado en más de un 44%.

En este sentido, mientras que entre 2014 y 2019 han desaparecido 6.058 autónomos y microempresas, se han incrementado en 2.707 empresas nuevas más las de mayor dimensión, una situación que también se refleja en la flota, ya que si en enero de 2014 las empresas de menor dimensión copaban el 50,8% del total de la flota, cinco años después las empresas de menor dimensión suponen tan sólo el 41,7% de la flota total de transporte española.

Estas compañías de mayor tamaño son, a juicio de Fenadismer, las que han llevado a cabo «procesos de deslocalización de su actividad, domiciliando parte de su flota en otros países europeos, principalmente Europa del Este por sus menores costes fiscales y laborales, para continuar operando en el mercado español de transporte, tanto nacional como internacional».

Ante esta situación, Fenadismer pide un plan de apoyo a los transportistas autónomos, las microempresas y las entidades de la economía social de transporte, que impulse su desarrollo económico y mejore sus condiciones de contratación, así como la puesta en marcha de un plan de lucha contra la competencia desleal que llevan a cabo las empresas deslocalizadas en terceros países europeos.

Según su opinión, «operan en el mercado español de forma totalmente impune, controlando en la actualidad casi una tercera parte del transporte internacional español, lo que representa un verdadero “cáncer” para el tejido empresarial español«.