La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Acea, la asociación Transport & Environment y la Organización Europea de Consumidores han enviado una carta conjunta a los comisarios de la Unión Europea en materia del clima, el transporte, la industria y la energía, para que fijen objetivos nacionales para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Su propuesta consiste en aprovechar la revisión de la normativa de Infraestructuras para Combustibles Alternativos para exigir el desarrollo de un millón de puntos públicos de recarga en la UE para 2024 y tres millones para 2029. Para esta fecha, también deberían estar ya disponibles 1.000 hidrogeneras.

El hecho de establecer objetivos enviaría una clara señal a los consumidores de que el número de estaciones de recarga irá acorde al incremento de las ventas de vehículos eléctricos que Europa necesita.

Del mismo modo, aportaría seguridad a la industria y a los operadores de la red eléctrica, los operadores de infraestructuras de recarga y las empresas de transporte. Asimismo, contribuiría a la creación de un millón de puestos de trabajo y ayudaría a a UE a alcanzar sus objetivos climáticos.

Aunque los fabricantes están realizando un gran esfuerzo para tener en el mercado una oferta sustancial de modelos eléctricos, sus esfuerzos se están viendo amenazados por los retrasos en la instalación de infraestructuras.

Por ello, es preciso que desde Bruselas establezcan objetivos para impulsar el desarrollo de la red en todos los Estados Miembros. De otro modo, los objetivos de reducción de emisiones podrían no llegar a alcanzarse en el periodo establecido.

Reemplazar la directiva por un reglamento

Para establecer los objetivos de cada país, deberá utilizarse una metodología lo más sencilla posible, que tenga en cuenta factores como la infraestructura privada disponible.

En este sentido, deberían tenerse en cuenta las necesidades de los conductores que no tienen acceso a puntos privados de recarga, el aumento de los taxis y otros servicios de transporte eléctricos, y la posibilidad de instalar cargadores rápidos y ultrarrápidos en las zonas urbanas.

Por último, en la carta se ha solicitado a la Comisión Europea que proponga reemplazar la directiva actual por un reglamento, para armonizar las normas en torno a los estándares de recarga, los métodos de pago, la transparencia de las tarifas o el mantenimiento.

Además, una directiva requeriría la transposición de las normas a la legislación de cada país, lo que podría llevar años.