Aún pueden quedar meses antes de que Fomento resuelva y lleve hacia adelante su plan de nacionalizar las autopistas en quiebra, según informa el diario Cinco Días. Tras la sentencia del juzgado número 2 de lo Mercantil en Madrid para liquidar la concesionaria de la autopista AP-36, participada por Ferrovial y Sacyr, Fomento dispone de unos días para presentar un recurso contra esta decisión, lo que le daría aún unos meses para finiquitar su plan de nacionalizar las autopistas en quiebra.
Sin embargo, desde el sector de las infraestructuras se aprecia como un riesgo, tanto para el país como para el negocio, que la solución a la insolvencia de las concesionarias, debido al incumplimiento en las previsiones de tráfico, sobrecostes de la construcción y las expropiaciones, etc, siga dilatándose en el tiempo o termine por no llegar.
Por su parte, tanto el Gobierno como Fomento prevén tener margen suficiente para sacar el proyecto de nacionalización antes de que termine la actual legislatura y de que se produzcan varias liquidaciones al mismo tiempo, situación ante la que el Estado debería indemnizar a la banca que financió la construcción de las autopistas, al ser titular de la garantía de cobro. En este sentido, las concesionarias pignoraron la Responsabilidad Patrimonial de la Administración como aval para conseguir los créditos suficientes para la construcción de las carreteras.
Desde Seopan, patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, se ha cifrado la liquidación de las ocho autopistas de peaje en 8.000 millones de euros, lo que "comprometería" aún más el cumplimiento del objetivo de déficit de España en el ejercicio 2016.
Por ello, consideró que el objetivo del Gobierno de que el rescate de las autopistas en quiebra no cueste un sólo euro para los españoles sólo se garantiza si prospera el plan del Gobierno de fusionarlas en una empresa pública tras realizar una quita del 50% en la deuda de casi 4.000 millones de euros que actualmente soportan.
No obstante, la consecución de un acuerdo entre los bancos, las autopistas y el Gobierno para crear esta nueva sociedad pública de autopistas pasa, según la patronal, por consensuar el tipo de interés que el Estado abone por el bono a treinta años en que se convertirá el pasivo con que se quedarán las vías tras la quita.
En este punto, en el que actualmente está centrada la negociación, Seopan asegura que no se logrará un acuerdo en el caso de que no se abone una remuneración similar a la que paga el Tesoro para títulos similares, esto es, un tipo de alrededor del 2%, el doble respecto al 1% que propone inicialmente el Gobierno.
Por ello, Hacienda ha puesto sobre la mesa un rendimiento del bono de hasta el 3%; sin embargo, desde Fomento se ha asegurado que su oferta no se mueve y continúa con la intención de que la nacionalización no pase por los bolsillos de los ciudadanos.