Según fuentes de la Guardia Civil, se ha procedido a la detención de 17 personas en Cataluña y Andalucíapor blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda pública. Once de las detenciones se han practicado en Barcelona, una en Gerona, tres en Sevilla, una en Málaga y otra en Cádiz. En los registros practicados se han intervenido más de un millón de euros, 102 vehículos, 24 propiedades inmobiliarias y más de cien cuentas bancarias.

La presunta trama defraudadora encabezada por la petrolera Petromiralles habría defraudado entre 250.000 y 270.000 euros diarios en concepto de IVA a Hacienda en tan solo dos años, lo que podría totalizar 100 millones de euros defraudados, gracias a un complejo entramado de empresarios del sector de los hidrocarburos, abogados, testaferros y brokers.

Se han investigado 15 empresas del sector de los hidrocarburos, de las que diez empresas han sido clausuradas provisionalmente, aunque la considerada matriz del entramado, la petrolera catalana Petromiralles, no ha sido clausurada porque la mayor parte de su actividad se considera legal.

Entre los detenidos están el director general dePetromiralles y alcalde de Santa Maria de Miralles, Josep Maria Torrens Ferrer, y su hermano Pere, a quienes se considera los creadores del entramado conformado alrededor de su compañía, con el que se obtenían precios competitivos con los que «acaparaban el mercado«.

A las gasolineras de la red Petromiralles se les vendía el combustible «por debajo del precio de mercado», han apuntado los mandos de la Guardia Civil, en un complejo y complicado entramado para evitar el pago del 21% del IVA con el que están grabados los hidrocarburos. En el montaje  participaba un intermediario ubicado en Suiza que adquiría el carburante, varias empresas pantalla y un despacho de abogados.

El dinero defraudado se enviaba a Japón, bien físicamente o bien mediante transferencias fraudulentas, para después de circularlo por otros países como Arabia Saudí o Jordania, volver de nuevo a manos de la organización.

Todo el dinero se sacaba de sucursales bancarias de Sevilla y lo guardaban los testaferros en sus domicilios en Andalucía y Cataluña. Se creaba una empresa en un mes, cuando otra tenía que cesar su actividad porque Hacienda le iba a exigir el pago del IVA. La operación se precipitó cuando los agentes detectaron que supuestamente iban a enviar una importante cantidad de dinero a Hong Kong. La operación se coordinó con las autoridades chinas.

Esta operación, denominada «Walkers», es la continuación de otra anterior llevada a cabo la primavera pasada en la que fueron detenidas 30 personas en 15 provincias españolas por defraudar 120 millones de euros en el mismo sector y de forma parecida.