La Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR), organización que agrupa a patronales de las pequeñas  y medianas empresas de transporte por carretera, entre ellas Fenadismer, ha acordado en su reunión celebrada el pasado lunes en Bruselas solicitar a la Comisión Europea que  promueva una iniciativa legislativa estableciendo medidas de protección para el sector del transporte por carretera, tomando como referencia algunas de las medidas aprobadas por algunos gobiernos nacionales.

La UETR ha analizado la actual situación económica que atraviesan las empresas de transporte europeas y a la «fuerte« competencia desleal que sufren las empresas del sector situadas en Europa occidental por parte de las empresas situadas en Europa del Este, «con unos costes salariales y fiscales mucho más reducidos, lo que provoca una situación de dumping económico y social«, señala Fenadismer en un comunicado.

Por ello, la UETR ha acordado solicitar el establecimiento a nivel europeo de las medidas de protección para que puedan ser invocadas por cualquier empresa transportista con independencia de cual sea el Estado miembro donde se encuentre establecido. Así propone como referencia las medidas contempladas en la normativa francesa en materia de transporte. En concreto:

La acción directa de recobro a favor del transportista contra el cliente principal o contra la empresa destinataria de la mercancía, en su calidad de garantes en caso de impago por parte del intermediario.
Los plazos de pago en el sector del transporte no podrán, en ningún caso, sobrepasar el plazo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, cuyo incumplimiento da lugar a sanciones penales de entre 15.000 y 75.000 euros más la correspondiente acción civil para la indemnización por daños.
La obligatoriedad de que los precios que se ofrezcan por la realización de los servicios de transporte cubran los costes de explotación. Así el Código de Transporte francés señala la obligatoriedad de cubrir los siguientes costes: las cargas en materia laboral y social, las cargas de carburante y de mantenimiento, las amortizaciones de los vehículos, las dietas, los peajes, los gastos de documentación, las tasas fiscales y la remuneración del empresario, entre otros. El incumplimiento de dicha obligación legal lleva aparejada una sanción de 9.000 euros.