Desde la administración autonómica, buscan frenar el desequilibrio territorial que vive Galicia frente a otras comunidades.
Los precios del peaje de la AP-9 son objeto de protestas por parte de vecinos y transportistas, que ven cómo se incrementa constantemente lo que pagan por utilizar la autopista mientras otras zonas de España han registrado descensos significativos.
La Xunta de Galicia ha presentado ante el Ministerio de Fomento una propuesta para modificar el convenio con Audasa, concesionaria de esta vía, para evitar nuevas subidas extraordinarias y conseguir descuentos del 25% en los trayectos de ida y vuelta en el día, incluyendo los de los camiones.
Una vez se conozca el nuevo Gobierno tras las elecciones de abril, la administración autonómica insistirá en la necesidad de aplicar estas medidas para frenar el desequilibrio territorial que vive Galicia frente a otras comunidades.
Desde la administración autonómica, no entienden las compensaciones previstas en el convenio por el impuesto de sociedades o los costes de conservación de actuaciones que no se realizarán, así como el interés fijo del 8% sin posibilidad de revisión.
Su intención es que el Estado realice un pago anual de 53,19 millones a la concesionaria durante cinco años para amortizar las obras de ampliación, a lo que se añadiría un pago anual hasta 2048 para las bonificaciones del 25%.
De este modo, la Xunta trata de evitar la subida del 1% anual prevista para compensar las inversiones realizadas y los incrementos para compensar el establecimiento de bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo.
Se calcula que los peajes subirán de cara a 2025, en función del IPC, entre un 18% y un 24%, una situación que está provocando un aumento de los desplazamientos por carretera convencional, en detrimento de la seguridad vial.