Las emisiones del transporte marítimo representan actualmente el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y el 4% del total de  las emisiones de la UE. Con el objetivo de minimizar estos porcentajes, la Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas que apoyan un planteamiento por etapas hacia el establecimiento de normas mundiales de eficiencia energética para los buques existentes, tal y como proponen los Estados Unidos con el respaldo de otros miembros de la OMI. En caso de que se cree un sistema mundial, las normas de la UE se adaptarán a él.

La propuesta establecerá el marco jurídico de la UE para la recopilación y la publicación de datos anuales verificados sobre las emisiones de CO2 de todos los buques de gran tamaño que utilizan los puertos de la UE, independientemente del lugar en que estén matriculados.

Los armadores deberán supervisar y notificar la cantidad verificada de CO2 emitida por sus buques de gran tamaño que efectúen trayectos entre puertos de la UE o tengan su origen o destino en ellos. También se les exigirá que proporcionen otros datos, como los destinados a determinar la eficiencia energética del buque.

Los buques deberán llevar a bordo un documento de conformidad, que deberá extender un verificador independiente y será objeto de inspección por parte de las autoridades de los Estados miembros. Se propone aplicar las normas a partir del 1 de enero de 2018.

La propuesta de la Comisión pretende reducir al mínimo la carga administrativa de las empresas y, para ello, las normas previstas se basan en documentos y equipos que ya se llevan a bordo de los buques actualmente. Las empresas podrán elegir los métodos de seguimiento que prefieran.

Esta medida proporcionará información de gran utilidad para conocer el rendimiento de cada buque, los costes operativos conexos y el posible valor de reventa, lo cual redundará en beneficio de los armadores, quienes estarán mejor preparados para tomar decisiones sobre grandes inversiones y obtener la financiación correspondiente.

El Parlamento Europeo y el Consejo examinarán ahora la propuesta, pues es necesario su aprobación para que pueda convertirse en acto jurídico.