Las concesionarias de ITV han iniciado una batalla judicial ante el Tribunal Supremo para intentar revocar el auto judicial que paraliza cautelarmente la Orden que recortaba el plazo de vigencia de la revisión de los vehículos que se vieronafectados por el cierre durante el estado de alarma.

El problema para los propietarios era que se estaba computando desde el día que les correspondía pasarla y no desde el día efectivo de revisión. Sin embargo, la Asociación que agrupa a estas instalaciones señala que esto perjudica sus intereses económicos, debido a la «drástica reducción» del número de vehículos que deberían acudir a revisión.

En este sentido, el argumento defendido por Fenadismer para solicitar la paralización de dicha norma es que no había ninguna razón desde el punto de vista técnico o de seguridad vial que la justificara, sino simplemente la voluntad de garantizar la recuperación del negocio perdido a las 400 empresas concesionarias.

A fecha de hoy, la Federación sigue esperando la resolución del recurso de aclaración en relación al ámbito de aplicación de la resolución judicial dictada, para confirmar si el criterio dictado por el Ministerio de Industria es correcto o si el auto debería aplicarse a todos los vehículos afectados, hubieran o no realizado ya su revisión.

El objetivo es poder rectificar el recorte de la vigencia aplicada en las fichas técnicas de los vehículos que ya hubieran acudido a la inspección antes de dictarse el auto. En referencia a las solicitudes de las propias ITV, desde Fenadismer recuerdan que las restantes actividades económicas han tenido similares o incluso mayores perjuicios económicos durante el estado de alarma.

En su opinión, detrás de su actuación lo único que estaría en juego es el intento de recuperar el negocio perdido. Según las estimaciones, esto supondría un montante superior a los 200 millones de euros que obtendrían a través de las tasas que abonan los propietarios de los vehículos.