A pesar de la crisis del coronavirus, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros de todo tipo han cerrado 2020 con 35.045 unidades, lo que supone un 44,4% más, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios.

Dentro del segmento de las furgonetas, el incremento ha sido incluso mayor, con 1.978 unidades que representan un ascenso del 2,8%. Solamente en el mes de diciembre, se han entregado 281 unidades, un 160,2% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, en el ámbito de los vehículos industriales, la electromovilidad sigue siendo una cuestión pendiente. En concreto, se han matriculado tres camiones medios en 2020, que suponen un incremento del 50%, y un camión pesado, lo que implica una caída del 66,7%.

Para impulsar los retos marcados en el ámbito de la descarbonización y electrificación, resulta fundamental seguir incrementando estas cifras, pues para 2023, será necesario matricular 250.000 unidades de vehículos eléctricos y para 2030, la cifra deberá ascender a cinco millones.

El grueso de estas matriculaciones estará conformado por turismos eléctricos, de los que en 2020, se han registrado 17.941 unidades, si bien es importante destacar la apuesta de los operadores por la electricidad en sus renovaciones de flotas de furgonetas, especialmente para las rutas por núcleos urbanos.

Más incentivos

Tanto Aedive como Ganvam han reclamado la puesta en marcha de una estrategia estructural y eficaz de incentivos que realmente suponga un impulso a la descarbonización, facilitando la adquisición de modelos eléctricos.

En este sentido, no solo es necesaria una dotación económica más ambiciosa para que planes como el Moves puedan tener asegurada su continuidad, sino que hace falta un reenfoque que simplifique su gestión y tramitación en todo el territorio nacional.

Por otro lado, han puesto el foco sobre la necesidad de contar con una red de recarga potente, lo que exige la eliminación de las trabas administrativas que lastran el desarrollo, sobre todo, de aquellos puntos que no requieren inversión pública.