El salario mínimo repercute negativamente en los propios países que lo implantan, según Astic.
Las medidas proteccionistas como la imposición del salario mínimo en Alemania, entre otros países europeos, están dañando la capacidad económica de la UE.
Así lo afirman desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, Astic, tras analizar los datos publicados por el estudio del Instituto del Mercado Laboral (IAB), que muestran la pérdida de 60.000 empleos en todos los sectores en el país germano desde la implantación, hace un año, del salario mínimo interprofesional a 8,5 euros la hora.
Ante esta situación, los transportistas reclaman el consenso entre los países miembro de la UE en materia de retribución mínima, ya que “medidas unilaterales de los países miembro dañan la competitividad y capacidad del sector del transporte para impulsar la economía europea”, indican.
La patronal considera vital que Europa revise las medidas unilaterales de los Estados para que no perjudique a actividades como el transporte internacional por carretera.
El objetivo "teórico" de evitar la denominada competencia desleal en ciertos países "está pasando factura dentro de sus propias fronteras", por ello, la actuación de Bruselas "es más necesaria que nunca”, afirma Ramón Valdivia, director general de Astic.
Para Valdivia, en Europa hay ya normativas y leyes "más que suficientes". Lo que es necesario, en su opinión, es la revisión en profundidad de estas leyes para beneficio de actividades empresariales como el transporte por carretera, uno de los motores estratégicos de la economía.
Medidas contraproducentes
El establecimiento del salario mínimo obligatorio para los conductores extranjeros se une, en el caso del sector del transporte, a la larga lista de requisitos administrativos que las empresas deben cumplimentar al conducir por territorio europeo.
Los transportistas del resto de los países de la UE se ven obligados a informar a las administraciones germanas, vía fax, de los detalles de sus operaciones antes de llevarlas a cabo, justificar que los honorarios de sus conductores cumplen la Ley del salario mínimo alemán e indicar el número de desplazamientos, entre otros requerimientos.
Esta medida, que en un principio fue bien vista por algunas asociaciones como freno contra los transportistas y empresas afincadas en países del este de Europa, "ha tenido indeseadas consecuencias también para los propios trabajadores alemanes”, afirman desde Astic.