El Informe sobre comportamientos y la morosidad en el pago en el ámbito europeo y su impacto por la crisis del Covid-19, elaborado por Intrum con información de 29 países, revela datos muy preocupantes sobre la viabilidad futura del tejido empresarial tras la pandemia, especialmente en el caso de las pymes.

Un 64% de las empresas considera que la recesión económica tendrá un impacto severo en sus negocios. Por nacionalidades, las empresas de Italia, Bélgica, Eslovaquia, Portugal, República Checa y España, creen que la recesión es inminente en su país.

Ante la pregunta de si consideran que una posible recesión impactaría de forma grave en su negocio, las vinculadas al ámbito sanitario y hospitalario son las más negativas, mientras las pymes del sector del transporte y la logística, con un 36%, se encuentran entre las que con mayor ánimo afrontan esta posibilidad.

Como segundo elemento de preocupación, se encuentra la morosidad. El significativo incremento en los plazos de pago amenaza seriamente su viabilidad, tal y como declara una de cada dos empresas encuestadas.

De hecho, el 80% de las pymes del sector del transporte y la logística se han visto afectadas por la morosidad. Además, el 68% ha tenido que aceptar condiciones de pago desfavorables por la situación económica existente.

Regulación contra la morosidad

En general, las pequeñas y medianas empresas europeas se muestran preocupadas por la falta de iniciativas y regulaciones efectivas para controlar la morosidad. La mitad de ellas esperan que se establezcan nuevas leyes que permitan corregir el problema, si bien un 23% de los encuestados ya utiliza la Directiva europea de lucha contra la morosidad.

Este Informe viene a avalar una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de transportistas sobre la necesidad de establecer un régimen sancionador que evite los abusos en materia de plazos de pago que soporta el sector, como lo acredita el Observatorio de Morosidad que mensualmente elabora Fenadismer.

Más del 70% de los clientes de los transportistas incumplen sistemáticamente los plazos máximos según la normativa vigente. Por ello, una de las medidas que se está negociando con el Gobierno es la aprobación de una regulación que prohíba y sancione a las empresas cargadoras, operadores logísticos e intermediarios que no los respeten.