El Consejo General de Agentes de Aduanas ha emitido un informe sobre el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, especificando los cambios que se solicitaron en el trámite de audiencia pública del anteproyecto.

Asimismo, estos argumentos se presentaron ante la Agencia Tributaria y el propio departamento de Aduanas. Estaban relacionados con las modificaciones propuestas de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la responsabilidad del representante aduanero en el IVA a la importación y la responsabilidad de los titulares de depósitos distintos de los aduaneros.

También con las modificaciones que se proponen en la Ley General Tributaria, la caducidad del procedimiento de gestión iniciado mediante declaración en aduana y las sanciones aduaneras.

En este contexto, se solicitaron algunos cambios en la normativa relativos a las sanciones previstas para declaraciones y documentos relacionadas con formalidades, las reducciones sobre las sanciones por pronto pago, el plazo de inicio para el procedimiento sancionador y la regularización espontánea sin sanción.

Por último, desde el Consejo se refirieron a la nueva definición de recinto aduanero en el Proyecto de Ley y las garantías globales en la deuda aduanera y representación directa.

Aspectos modificados

De todos estos asuntos, ya se ha conseguido que se aclarara que las sanciones relacionadas con formalidades aduaneras solamente se aplicarán a errores en las declaraciones sumarias y no a errores por declaraciones aduaneras erróneas, inexactas o incompletas.

También se ha alegado que la nueva definición de recinto aduanero era totalmente «inaceptable» al entenderse que la Administración podía durante tres años considerar   que aún era periodo de levante y extender la responsabilidad de los representantes durante todo el periodo de vigencia de la declaración.

Ambos aspectos han sido ya modificados en el nuevo texto. Sin embargo, el Consejo cree que no han sido tenidas en cuenta el resto de sus peticiones, a pesar de que «los argumentos esgrimidos eran irrefutables«.

Su intención es seguir trabajando para que todas ellas queden plasmadas en el texto final que se apruebe en el Congreso y después en el Senado.