Hace dos años, la Comisión Europea suspendió el el sistema español de incentivos fiscales para la construcción naval, también denominado tax lease, que llevaba en vigor más de 10 años. Este sistema de arrendamiento financiero permitía contratar buques tecnológicamente avanzados y abanderados por algún país de la UE.
A día de hoy, el juicio al sector naval español está todavía pendiente de sentencia y se espera que el veredicto se determina en la reunión de hoy en Bruselas.
A partir de la investigación del tax lease, que va camino de los dos años de suspensión, el sector naval ha sufrido graves consecuencias también afectado por la difícil situación económica. De este modo, se han cerrado en total seis astilleros, entrando en concurso otros tres.
Sin financiación
En este sentido, la asociación de astilleros privados españoles Pymar ha advertido a la CE que los astilleros españoles podrían quedarse sin financiadores para mantener su actividad si opta por obligar a devolver las ayudas fiscales para la construcción de buques que estuvieron vigentes entre 2001 y 2011.
Por lo tanto, si Bruselas exige la devolución de los incentivos en primer término saldrán perjudicados los inversores privados, pero después repercutiría económicamente en los propios astilleros españoles, lo que pondría en peligro más de 85.000 empleos de los 19 astilleros que todavía están en servicio.
Según informa el diario El Economista, en este sistema participaron grandes bancos españoles, como Santander o Caixabank, y también grandes empresas como Inditex o FCC. Pero no solo se verían afectados estas empresas si no también las navieras que compraron buques durante este periodo.
El tax lease español permite deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin esperar a que sean explotados comercialmente.
De este modo, completa la posibilidad, que ya tenían los contribuyentes españoles, de acelerar la deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco de un contrato de arrendamiento financiero.
Este sistema que ofrecía grandes incentivos de entre el 20 y el 30%, ahorro que se repartía en cerca de un 85 o 90% entre la naviera compradora, y el otro 10 o 15% en los inversores privados, supuso la construcción de 270 buques, lo que se tradujo en un valor de más de 8.700 millones de euros.
La devolución de las ayudas supondría un grave problema para el Gobierno, ya que todas las operaciones con el tax lease fueron validadas por la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda.