El impuesto del «céntimo sanitario» que la Junta de Castilla y León pretende imponer a los carburantes arruinará a 30 empresas, hará que se pierdan 500 empleos y contribuirá a que se deje de vender el 40% del gasóleo y el 25% de la gasolina dispensados el pasado año.

Tal pronóstico lo han realizado en Valladolid una veintena de empresarios que, reunidos en la sede de la patronal regional,  Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León , CECALE, han elaborado un manifiesto en el que califican de «precipitada y poco meditada» la decisión del Gobierno regional de implantar dicho impuesto.

Jesús Terciado, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, ha leído la declaración conjunta en la que se advierte de la «dudosa legalidad en el marco europeo» del nuevo impuesto, «inoportuno y desacertado» que «es posible que próximamente deba ser reformado«.

El texto pone de relieve que el céntimo sanitario, que gravará con 4,8 céntimos de euro cada litro de carburante, «no sólo no solucionará el problema de la financiación que tiene la sanidad pública, sino que se generarán otros nuevos”.

Han refrendado el manifiesto empresas de estaciones de servicio, de transportistas, de autocares, taxistas, de ambulancias, de vendedores de carburante y otros, que han denunciado que la nueva carga «falta al principio de solidaridad» entre Comunidades Autónomas.

Para los empresarios Castilla y León, territorio de paso para el tráfico de camiones, jugará a partir de la implantación de este nuevo impuesto con desventaja, dado que transportistas y turistas “harán cálculos” y repostarán en las nueve Comunidades Autónomas limítrofes “para abaratar sus facturas de combustible«, según la declaración conjunta.

«No se descartan movilizaciones» por esta nueva carga, que podría conducir también al «cese de actividad» de empresas del sector, ha advertido el presidente de la CECALE quien ha brindado su apoyo a las posibles reivindicaciones.

Según cálculos de los afectados, la pérdida de ventas en volumen de combustible por la deslocalización del consumo «pondrá en riesgo no sólo la recaudación que estima la Junta, sino que ésta sea menor«, se lee en el manifiesto. El nuevo impuesto «perjudicará seriamente al sector del transporte, especialmente el de los pequeños empresarios y autónomos«, añade la declaración, en cuyas líneas se exhorta a «encontrar mejores soluciones«.

El manifiesto lamenta que la Junta de Castilla y León haya decidido la nueva carga impositiva cuando la crisis económica se está agravando y la recesión, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo atenazan el horizonte.

Algunos de los empresarios firmantes del manifiesto han puesto en duda que «todo» el impuesto vaya a ir en apoyo de la Sanidad y que con la nueva carga la Administración regional dejaría de recaudar unos 300 millones de euros al reducirse el consumo.