La Fundación Corell ha celebrado recientemente una jornada sobre la situación actual de los nuevos combustibles, que permitirán construir una alternativa sostenible en el sector del transporte en España.

En ella, se ha discutido acerca de las ventajas e inconvenientes de los nuevos combustibles no fósiles en el camino hacia la descarbonización, además de presentar el índice OTEM para la transición energética y la movilidad, que permite realizar una estimación sobre el ritmo de trasvase de unas energías a otras.

Se trata de una herramienta que facilita el seguimiento del proceso de transición energética y el análisis de los escenarios futuros en cuanto a las políticas a considerar.

Uno de los principales objetivos es que el transporte español apueste mayoritariamente por energías de origen renovable, como el gas natural vehicular, combustibles sintéticos, biocombustibles, híbridos termoeléctricos, electricidad e hidrógeno.

Miguel Angel Ochoa de Chinchetru, presidente del patronato de la Fundacion Corell

La jornada ha sido inaugurada por el presidente del Patronato de la Fundación Corell, Miguel Angel Ochoa.

Los autobuses y camiones son responsables del 7,5% del total de emisiones en la actualidad, lo que exige transformar el modelo de desarrollo para la integración de las energías renovables y desarrollar diferentes rutas paralelas e incluso complementarias de nuevas tecnologías para llegar al objetivo de neutralidad de las emisiones de carbono en Europa.

Precisamente en esta dirección, el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para asegurar que España cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global y alcanzar en 2050 la neutralidad climática.

Para lograr ese objetivo, la legislación establece metas concretas para el año 2030, como que el 74% de la electricidad sea de origen renovable, y otras medidas para impulsar las energías limpias y los vehículos libres de emisiones.

En cualquier caso, los eco-combustibles y la electrificación cumplirán un papel relevante para alcanzar el reto de la neutralidad climática en 2050, y en este sentido, la función de las administraciones públicas es acompañar a las empresas y la industria.