Comisiones Obreras y UGT se han posicionado enfrente de la propuesta de Correos para la próxima consolidación de empleo de Correos, a la que califican de "ilegalidad y fraude".
Los dos sindicatos mayoritarios entre la plantilla del operador postal público estiman que "se ha reducido el número total de vacantes reales de 4.000 a 3.421 en una maniobra de la empresa postal pública de ocultar una parte del empleo estructural existente".
De igual modo, las centrales sindicales afirman que se han apartado "un centenar de puestos para nombrar a dedo personal directivo sin tener que realizar prueba alguna, así como otras plazas correspondientes al contrato relevo" y consideran "impresentable la externalización del proceso del personal discapacitado".
Además de lo que consideran una "precarización de empleo", las organizaciones sindicales también critican la distribución provincial de las vacantes que, a su juicio, "pone de relieve la clara intención política del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, de premiar a algunas Comunidades Autónomas frente a otras al no atender al criterio de negocio o de objetivos de la empresa, sino a una distribución arbitraria con una minoración espectacular en algunas provincias en la que no se recoge el empleo estructural necesario".
En concreto, Comisiones Obreras y UGT estiman que "el número de plazas se ha reducido selectivamente"en La Coruña, Lugo y Pontevedra, Ávila, León y Segovia, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, Gerona y Lérida, Álava, Huesca y Teruel, Madrid, en toda Castilla-La Mancha, así como en Extremadura al completo, Murcia y Canarias, algo que va a "afectar inevitablemente la prestación del servicio a la ciudadanía".
Así mismo, también consideran errónea la idea de "ofrecer mayoritariamente vacantes de reparto a pie, cuando el criterio marcado por la propia dirección había ido en el sentido de apostar por el reparto motorizado".
Todo ello, en su opinión, "pone en entredicho la capacidad del equipo directivo para poner en marcha ningún plan Estratégico", por lo que "de no haber rectificación acudirán a los Tribunales".