El plan de rescate a las ocho autopistas españolas por parte del Ministerio de Fomento, que pasa por fusionar las vías en una sociedad pública tras previamente aplicar una quita del 50% a su deuda de 3.400 millones de euros, convirtiendo el resto a un bono a treinta años, ha sufrido un revés durante los últimos después de que la Justicia señalase que el mismo presenta "defectos de legalidad".
Así, el Juzgado número 2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda tras rechazar dicho plan del Ejecutivo, indicando que el mismo “adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite”.
No obstante, Fomento aún dispone de tiempo para presentar un recurso de apelación contra la sentencia, aferrándose a la indicación señalada en la misma de que algunos errores son “subsanables”, como que el hecho de que el plan de rescate no cuente con el refrendo del Consejo de Ministros.
Por otro lado, la sentencia también señala que el proyecto se basa en “una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursal” que se “escapan a la facultad de disposición” del Ministerio.
A esta situación se suma el hecho de que, durante los últimos días, tanto Fomento como Seopán han declinado comentar el estado de las conversaciones.
Por ello, no se conocen los pormenores de la negociación entre el Ejecutivo, las constructoras y los bancos, aunque estas últimas podrían haber exigido más dinero al Ministerio para cerrar ya el rescate.
Críticas a la desinformación
En este contexto, desde CCOO han denunciado recientemente que el Ministerio y la patronal Seopan "continúan dejando de lado a los representantes sindicales" en el desarrollo de las negociaciones puestas en marcha, al menos en lo que respecta a las autopistas radiales de Madrid en concurso de acreedores.
Para el sindicato "la situación es intolerable", por lo que desde el mismo exigen la apertura de una mesa de seguimiento en la que puedan participar y recibir la información "imprescindible" del desarrollo del proceso.
Así, desde CCOO reclaman urgentemente una reunión con todas las partes afectadas, con transparencia e información del desarrollo de todas y cada una de estas autopistas afectadas por el problema de intervención.
Para demostrar la necesidad de que dicha reunión tenga lugar, desde el sindicato recuerdan que la citada sentencia del Juzgado de Madrid indica también que con el plan del Gobierno no cuenta con la “necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores” .