El administrador concursal de Unipost no puede concretar un plazo para el pago de la deuda con el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, debido a los retrasos en el cobro de pagos de clientes y Administraciones Públicas, así como la consecuente falta de liquidez.
Su intención por el momento es abonarlo a plazos a partir de julio, tal y como han traslado a los sindicatos. Desde CCOO, afirman que la circunstancia afecta muy de cerca a los trabajadores que han reclamado sus salarios y finiquitos a Fogasa, habiendo sobrepasado los 120 días de salario marcado por el Fondo de Garantia Salarial como tope en dichas cantidades.
En el momento en que se salde la deuda, el Fondo tendrá que informar a los trabajadores y recalcular los expedientes sobrepasados para abonar estas cantidades. De no hacerlo, la organización sindical iniciará las acciones legales oportunas para que la situación sea regularizada y puedan recuperar lo que no se les ha abonado, que de media coincide con estos 30 días.
Respecto al recurso interpuesto por CGT sobre el ERE a la totalidad de la plantilla, en CCOO estiman que debería retirarse tal pretensión, dado que al haber cerrado la empresa, no es probable que el despido se vaya a calificar como nulo o improcedente, y mientras esperan una resolución firme, los trabajadores no pueden reclamar la indemnización por despido.
Venta de activos
Por otro lado, la administración concursal ha informado sobre la venta de varias máquinas de embalaje, básculas y motos, pero aún no ha conseguido vender el resto de la flota. En cuanto a las máquinas clasificadoras de San Fernando de Henares, se han reducido a chatarra al no poder mantener el coste del alquiler de la nave para su custodia ni reubicarlas en otro lugar.
De momento, se siguen realizando las gestiones pertinentes para la recuperación de avales y la resolución de contratos de alquiler y se está preparando la subasta de dos inmuebles en Hospitalet de Llobregat y Zaragoza, aunque también se estudia la posibilidad de la dación en pago.
Sobre el activo de la cuenta por importe de 1.300.000 euros que figura en el informe previo de liquidación, el admnistrador aún no tiene información ni justificación de su cobro, pero seguirá investigando el asunto.