distribución urbana en la calle Zurbano de Madrid_2019

Los transportistas autónomos pide un plan único impulsado por el Gobierno en relación con las limitaciones de acceso a ciudades de más de 50.000 habitantes.

Los transportistas autónomos españoles viven un momento de espera, preocupados por los efectos que tendrán sobre su actividad las diferentes medidas que, tras declarar la emergencia climática en el país, se apresta a sacar adelante el Gobierno, sobre todo a lo que ATA califica como «desconocimiento de la clase política sobre la realidad el transporte y la logística en nuestro país».

En este sentido, una de las medidas que mayor impacto va a tener en el sector, tiene que ver con la introducción de cara a 2023 de medidas que determinen zonas de bajas emisiones en hasta 146 ciudades de más de 50.000 habitantes de todo el país, algo que, a juicio de la organización empresarial supondrá «sembrar el caos en los procedimientos de transporte y logística» en el ámbito urbano.

Precisamente dentro de este terreno, los transportistas autónomos piensan que «el transporte de mercancías, fundamental para el abastecimiento de estas 146 ciudades queda olvidado y a criterio del empresario o autónomo responsable», a la vista de que, a su juicio, no existe «ni una sola opción que determine ayudas a la transición de las flotas, y lo que es aún peor, ni una sola directriz de adónde dirigir nuestras inversiones en caso de renovación de flotas».

Con el fin de tener algo de claridad en un panorama complejo, ATA reclama «sentido común y un plan único impulsado desde el Gobierno central para todos los municipios afectados», ya que, pese a que se trata competencias municipales, se hace difícil para los transportistas tener en cuenta 146 especificaciones de acceso a las ciudades con distintas y 146 planes de movilidad diferentes.

Precisamente esta situación hace necesario, en opinión de la organización empresarial, «establecer un calendario de implantación ya que en breve, el transporte podría convertirse en un auténtico galimatías en el que no sólo saldría afectado el profesional, sino también el usuario de los servicios».