El día 15 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, actualmente en fase prelegislativa, que prevé que las víctimas de accidentes de tráfico tributen por las indemnizaciones recibidas cuando se trate de acuerdos amistosos.

Según el texto, las indemnizaciones que reciba una víctima dictadas por un juzgado seguirían exentas de tributar en el IRPF, mientras que las que deriven de un acuerdo de mediación u otro medio de solución de controversias legalmente establecido, tendrían que contar con la intervención de un tercero neutral y elevarse a escritura pública.

Desde el Consejo General de la Abogacía Española, advierten de que quienes no hayan judicializado la reclamación de indemnización tendrían que hacerse cargo de los gastos de contratar un arbitraje y hacer escritura, o pagar los impuestos correspondientes.

Por su parte, los transportistas también han querido mostrar su oposición a esta medida, pues tal y como señalan desde la Confederación Española de Transporte, aunque la tasa de accidentalidad de camiones no es elevada, la modificación supondrá un fuerte perjuicio para los profesionales que, desgraciadamente, sufran un accidente.

Una medida recaudatoria

La CETM advierte que es injusto que, a la hora de recibir una compensación, se deba hacer frente a este gasto y considera que no se puede establecer «una medida recaudatoria» cuando se trata de la restitución de los graves perjuicios personales y patrimoniales sufridos.

Además, los cambios en el procedimiento de los acuerdos amistosos entre aseguradoras y perjudicados provocarán un incremento de los costes, al introducirse la intervención de un tercero neutral y exigirse escritura pública.

Por otro lado, si tributan las indemnizaciones obtenidas tras un acuerdo de este tipo, se generará un aumento de los litigios, teniendo que esperar las víctimas a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación.

La Confederación espera que se estudie esta modificación y no se lleve a cabo, puesto que reparar los daños personales y patrimoniales de las víctimas es indispensable y un derecho de los ciudadanos.

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