Los transportistas del carbón de As Pontes, integrados en la Asociación de Transportistas del Carbón, han cortado el jueves 22 de octubre con sus camiones los accesos a la central térmica y al ciclo combinado de Endesa en la localidad.

El objetivo era evitar que la empresa Italiana Enel se lleve al país transalpino la maquinaria ligada a la transformación de la planta de carbón, ya que Endesa se había comprometido a no llevar ninguna acción de este tipo hasta que terminase de evaluar el funcionamiento de la central con una mezcla de carbón y biocombustibles o lodos.

Manuel Bouza, presidente de la ACTC, ha recordado que ya es la segunda vez que los transportistas bloquean el acceso de la entrada a la central por el intento de desmantelarla a escondidas.

Denuncia que la empresa no está siendo leal ni cumpliendo los acuerdos, y señala que ni el Gobierno ni la Xunta de Galicia han cumplido sus compromisos de ayudar al colectivo de transportistas, que llevan «más de un año con una reducción de ingresos brutal«.

De hecho, acababan de renovar su flota de vehículos por petición de la propia empresa, que había pactado con ellos la extensión de la vida útil de la central. Desde entonces, tienen que hacer frente al pago de los plazos sin tener ingresos, por lo que muchos ha tenido que endeudarse y otros malvender sus camiones.

Ayudas de la Administración

En este sentido, aunque se han reunido en diversas ocasiones con la Administración central y autonómica, aún no han recibido ningún incentivo ni ayuda. Respecto a las pruebas que se están llevando a cabo para darle una nueva vida a las instalaciones, Bouza cree que sería la solución ideal para hacer rentable la planta de As Pontes.

Así, se rebajarían las emisiones y se daría solución en parte a un grave problema en Galicia, que «ya no se sabe que hacer o donde guardar los lodos«. No obstante, en la situación actual los transportistas temen que todo pueda ser una táctica para minar su economía y resistencia, de modo que puedan continuar con su plan de desmantelar la eléctrica. Por ello, piden la intervención urgente de la Administración.