El transporte gallego ha exigido también la supresión del tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes.
La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, ha presentado ante la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia los problemas y reivindicaciones del sector del transporte por carretera, muchas de ellas "urgentes y necesarias".
Así, tras expresar recientemente sus inquietudes ante la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, los transportistas han vuelto a insistir en la necesidad de construir aparcamientos para vehículos industriales, vigilados y a un precio asumible, al menos en las ciudades más grandes de Galicia.
Del mismo modo, reclaman la generación de suelo industrial específico para las empresas de transporte, algo que entienden que la legislación ya debería contemplar, y la total ejecución del plan de áreas de descanso y servicio elaborado hace años por la propia Xunta.
Por otro lado, han solicitado la supresión del tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes, que penaliza a las empresas de transporte gallegas y dificulta la actividad exportadora en la región. También se ha pedido que la actual devolución del impuesto afecte a todos los transportistas, independientemente de la Masa Máxima Autorizada del vehículo.
En esta línea, consideran que deben suprimirse o rebajarse ciertos peajes, ya que algunas autopistas gallegas están entre las más caras de España. A este respecto, apuntan que la AP-9 "debería estar sobradamente amortizada".
Mejora de las inspecciones
En cuanto a las inspecciones en el sector, la Federación sostiene que deberían mejorarse y reorientarse, priorizando el control sobre los grandes infractores y la competencia desleal. Por tanto, debería vigilarse el uso de gasóleo B, la falta de autorización de transporte, la manipulación del tacógrafo, la reducción de los descansos y el cabotaje irregular.
Por otro lado, reclaman mayores ayudas para cumplir con la normativa sobre formación obligatoria, que obliga a más de 7.000 conductores a estudiar un reciclaje del CAP que supone un coste importante, sobre todo para las micropymes y los empresarios-conductores.
Asimismo, se han referido a la necesidad actual de potenciar las Juntas Arbitrales de Transporte de Galicia y han exigido que se termine y publique el observatorio de costes del transporte público de mercancías que lleva elaborando la Xunta casi cinco años.