Este bufete, que coordina la acción judicial para reclamar compensaciones en este asunto llevada a cabo por CETM, calcula, a la vista de la documentación remitida por gran parte de los transportistas afectados adheridos a esta iniciativa, que el precio medio de compra por vehículo se coloca en los 70.000 euros, lo que podría llevar el global de estas demandas por encima de los 250 millones de euros.
Pese a que el plazo para presentar demandas por este caso finaliza el próximo 6 de abril, la notificación de sanción a Scania hecha por la Comisión Europea en septiembre, y que todavía no se ha publicado oficialmente, abre la posibilidad de presentar nuevas acciones judiciales.
Esto se debe a la entrada en vigor con anterioridad de la Directiva de Acciones de Daños por Infracciones del Derecho de Competencia a la notificación de esta sanción, que amplía el plazo para acudir ante los Tribunales por delitos contra la competencia en España de uno a cinco años y que, en este caso, puede extenderse a vehículos de cualquiera de los fabricantes que han participado en el cártel en virtud del principio de solidaridad plena, que permite actuar contra un determinado fabricante, para que este, posteriormente, reclame la compensación a la marca a la que realmente corresponda.
Primeras sentencias en España para este mismo año
A juicio de Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, exministro de Justicia y exletrado del Tribunal Constitucional, la sentencia contra MAN en Hannover, Alemania, que se dio a conocer el pasado mes de enero sienta un precedente que puede marcar el caminoen las reclamaciones contra el cártel de fabricantes de camiones, ya que reconoce la existencia del cártel pese a que no se hayan acreditado sus efectos sobre los precios y aunque se hayan producido descuentos, ya que de no haber existido el cártel, estas rebajas deberían haberse aplicado sobre precios de venta previsiblemente más bajos.
De izquierda a derecha: Miguel Caamaño, Carmelo González y Francisco Caamaño.
Al tiempo, Miguel Caamaño, socio director de CCS Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario, ha afirmado en un encuentro organizado por CETM esta semana en Madrid, que a medida que se vayan produciendo sentencias favorables a los transportistas, podría producirse un cambio en la actitud de los fabricantes hacia una mayor colaboración y negociación.
El despacho Caamaño, Concheiro & Seoane espera que a lo largo de 2018 se produzcan las primeras sentencias por casos similares en España, así como otras más inminentes, tanto en los Países Bajos como las ciudades alemanas de Düsseldorf y Berlín, que podrían consolidar la línea de la ya conocida de Hannover.
El bufete espera, una vez haya terminado los trabajos de peritaje de los sobrecostes en función de las marcas y modelos afectados, presentará en torno a 6.000 demandas ante la jurisdicción mercantilde diversas provincias españolas, para representar a un total de 3.400 clientes con 30.000 vehículos afectados, cifra que podría incrementarse debido a los nuevos plazos.