Lo había solicitado el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y también la organización de Automovilistas Europeos Asociados, AEA, pero finalmente ninguna de sus alegaciones ha logrado paralizar la entrada en vigor de Madrid Central.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó este pasado jueves 29 de noviembre las medidas cautelarísimas que solicitaba la AEA y ha exigido más documentación sobre el resto de recursos planteados, sobre los que se pronunciará la próxima semana.

La medida ha suscitado numerosas críticas entre los comercios del centro de la capital y no ha sido bien recibida por los conductores. De hecho, la Plataforma de Afectados por Madrid Central tiene previsto llevar a cabo movilizaciones contra estas restricciones, como el apagado simbólico de una arteria comercial del centro.

También realizarán estudios sobre el impacto económico de esta regulación y una guía en la que responderán a todas las dudas existentes, principalmente relacionadas con aspectos como los permisos para acceder al centro o las plazas de aparcamiento.

Más de la mitad de los madrileños, en contra

Aunque desde el consistorio insisten en las múltiples ventajas que tendrán estos cortes al tráfico para la salud de los madrileños, el 55% valora negativamente el proyecto y el 54% teme una saturación del transporte público tras la entrada en vigor de de esta Zona de Bajas Emisiones.

Esta es una de las conclusiones de la encuesta realizada por la empresa Moovit y la consultora Pons Seguridad Vial, que indica que un 40% aún no está debidamente informado sobre los detalles de esta regulación y el 25% reclama más información sobre los criterios de acceso.

Entre los que utilizan habitualmente su vehículo para desplazarse al centro, solamente el 15% está dispuesto a dejar de utilizarlo, mientras que otro 16% afirma que no volverá a visitar esta zona de Madrid. Un 58% de los encuestados creen que la medida supondrá una disminución de la contaminación, pero el 31% está convencido de que no habrá ningún beneficio tras su aplicación.

De las respuestas obtenidas, puede extraerse que hubiera sido necesario un mayor esfuerzo de comunicación por parte del Ayuntamiento, que tendría que haber escogido un momento político más adecuado para la implementacion de estas acciones, en lugar de hacerlo a unos meses de las elecciones sin la debida planificación.