Nuevos avances de cara a la transformación de la fachada marítima de La Coruña tras la segunda reunión mantenida por los representantes de las administraciones implicadas: Xunta de Galicia, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado.

Si en el primer encuentro se acordaron los porcentajes de adquisición del suelo en el ámbito de Batería y Calvo Sotelo, con el 75% del Concello de La Coruña, el 20% de la Xunta de Galicia y el 5% de la Autoridad Portuaria, en el celebrado ahora se ha establecido la redacción de un convenio específico que se incorporará como anexo al protocolo general de transformación de la zona.

Será la Autoridad Portuaria la encargada de su redacción, que se abordará lo antes posible y en él se concretará el compromiso de compra de los suelos por parte de las administraciones, así como las anualidades a abonar por cada una de ellas, hasta el año 2035.

Este punto es fundamental, ya que facilitará que Puertos del Estado refinancie la deuda del Puerto suavizando las cuotas hasta 2035, quedando pendiente de fijar cuáles serían las anualidades.

En el documento también figurarán otros aspectos destacados, como la creación de una comisión puerto-ciudad, una fórmula que ya han utilizado todos los puertos de España en procesos similares.

La comisión estaría formada también por las cuatro administraciones y sería la encargada de ir desarrollando el plan de urbanización de la zona 1, que comprende los citados muelles de Batería y Calvo Sotelo. Además, se incluirá la creación de una oficina técnica específica para el proyecto, en la que trabajarán funcionarios de cada administración.

En el documento también se incorporarán dos párrafos referidos a la urbanización, que deberán consensuarse antes de su firma. Por una parte, se explicitan los compromisos de las administraciones según establece la Ley de Suelo de Galicia, conforme debe abordarse el coste de urbanización en el mismo porcentaje que el de adquisición de los terrenos.

Por otro, se explicitará la necesidad de buscar conjuntamente entre todas las administraciones una financiación alternativa a sus presupuestos, fundamentalmente fondos europeos Next Generation y los Fondos Feder correspondientes al período 2021-2027.