Duques ro-ro en la terminal de Bouzas del puerto de Vigo

Buques ro-ro en la terminal de Bouzas del puerto de Vigo

Un total de 31 empresas instaladas en el puerto de Vigo han solicitado ampliar el plazo de sus concesiones portuarias a raíz de la reforma en la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobada en octubre de 2014, que permite ampliar el plazo de las mismas hasta un máximo de 50 años.

El pasado 2014, el Gobierno aprobó la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que en lo que respecta al ámbito portuario iban dirigidas a la mejora de la competitividad y la conectividad terrestre de los puertos de interés general.

Como parte de esta reforma, se introdujo una nueva Disposición Transitoria Décima al texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante que permitía solicitar a los concesionarios una ampliación del plazo inicial de sus concesiones, de acuerdo con determinados requisitos de inversión u otras condiciones.

En concreto, dicha disposición establece que las concesionarias pueden ampliar hasta en un 40% el plazo de vigencia de la concesión, pero deben llevar a cabo una inversión del 20% del valor actualizado de la misma. 

Más de 40 millones de inversión

En lo que respecta al puerto de Vigo, se ha solicitado la ampliación de un total de 41 concesiones, correspondientes a 31 empresas.

Se trata de astilleros, empresas relacionadas con el sector pesquero y otros tráficos portuarios, que se han comprometido a invertir un total de 41 millones de euros en los próximos años, de los que alrededor de 16 millones corresponden a las inversiones previstas por los astilleros, mientras que más de 14 millones provendrán de empresas vinculadas al sector pesquero.

Esta ampliación del plazo de sus concesiones tiene por objetivo favorecer a las empresas, que podrán alargar el plazo de amortizaciones, obtener más rentabilidad de sus inversiones y equipararse con las concesiones portuarias a nivel europeo, cuyo plazo era mayor que el de las empresas españolas hasta la entrada en vigor de la citada Ley.