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La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF.

El cártel de camiones europeo puede enfrentarse a indemnizaciones de más de 500 millones de euros en España, además de la multa impuesta por Bruselas, tras registrarse más de 6.000 demandas, canalizadas por un centenar de despachos de abogados, por haber pactado los precios de ventay haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, según la sentencia de Competencia europea.

Los bufetes han constituído un grupo de trabajo para compartir experiencias recogidas en los distintos juzgados, lo que les permite optimizar la información y experiencias de cara a la preparación de las demandas y las solicitudes de indemnizaciones.

El precio medio de compra un vehículos afectado se sitúa alrededor de los 75.000 euros, aunque no de los aspectos más complicados es la dificultad de calcular los sobrecostes aplicados durante 14 años a la hora de solicitar las indemnizaciones.

Sin embargo, la heterogeneidad de otros mercados fuera de la UE, la duración del acuerdo entre los fabricantes y la naturaleza del bien a calcular hacen prácticamente imposible establecer el precio a través de un proceso de medición. No obstante, sumando la cuantía de las indemnizaciones y el interés legal del dinero, los fabricantes tendrán que afrontar unos pagos que podrían rondar los 500 millones de euros.

La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha a un cártel, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró catorce años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar totalmente la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto.