El sector del transporte por carretera, que atraviesa una durísima crisis, ha reivindicado su papel de motor económico y su importancia en una economía global como la actual. Las empresas representadas en este acto por medio de las asociaciones nacionales presentes, Fitrans y Astic, son 2.500, con 23.500 vehículos y 32.600 trabajadores.
El presidente de Guitrans, Ignacio Cepeda ha subrayado que “es importante que seamos conscientes de ese potencial que nos debe ayudar a valorar nuestra capacidad de reacción ante la adversa coyuntura que estamos viviendo”.
Actualmente hay en Guipúzcoa 773 empresas menos que en enero de 2008 y 29.372 menos en España. Los efectos de esta situación son, por una parte, el envejecimiento del parque de vehículos industriales, ya que según los últimos datos el 60% de los camiones tienen más de 10 años, a lo que se une el descenso en las matriculaciones de vehículos pesados, que en 2012 ha sido de un 22%.
A esto se une un descenso en el número de empleos ligados al transporte, de 4.500 trabajadores menos desde 2008. Ante esta situación, la asociación empresarial ha denunciado "la inacción de la administración, que lejos de articular las medidas necesarias para que las empresas de transporte puedan tener margen de maniobra en esta coyuntura adversa, están aplicando exclusivamente medidas de recorte y de penalización de la actividad por medio de la subida de impuestos y la imposición de peajes".
En este contexto, desde Guitrans se ha exigido al sistema financiero "que asuma su responsabilidad y agilice el crédito" a las empresas, al tiempo que ha destacado la necesidad de evitar el "empobrecimiento paulatino del sector debido a la desigual competencia y a la falta de armonización" .
Coto a la competencia ilegal
También se ha reclamado que se ponga "coto a la competencia ilegal". Se estima desde la asociación guipuzcoana, que puede haber unos 15.000 vehículos que operan fraudulentamente en estos momentos en España, lo que distorsiona la competencia y empeora aun más las expectativas de las empresas que operan en la legalidad.
En este ámbito se solicita un cambio en el baremo sancionador aprovechando la modificación de la LOTT para poner coto a estas empresas, como en el caso de Francia, donde las sanciones por operar fraudulentamente pueden ser de 30.000 euros y un año de prisión.
Manuel Leza, director de Planificación de Transportes del Gobierno Vasco, que ha clausurado el acto, ha anunciado una próxima reunión en la que se analizarán temas importantes para el sector como la reforma de la LOTT, la tramitación de los permisos especiales, o la masa máxima, autorizada.