Terminal de Noatum en el puerto de Valencia

Nueva Propuesta Portuaria Europea elaborada por la Comisión Europea, puede descargarse en este enlace (disponible en formato pdf, de 9 páginas, y 116 Kb).

Este jueves la Comisión Europea ha presentado su nueva iniciativa para mejorar las operaciones portuarias y las conexiones de transporte ulteriores en 319 puertos marítimos esenciales del litoral europeo.

Una propuesta que ya ha encontrado respuestas poco positivas desde diferentes instituciones europeas, como la Asociación de Puertos Europeo (Espo); de organismos nacionales como Puertos del Estado, cuyo presidente, José Llorca, ha reconocido que su valoración inicial no es “extremadamente positiva” y de los sindicatos europeos de la estiba, que no le dan ningún futuro a la propuesta porque excluye el manejo de la carga (estiba) y de pasajeros de las normas de acceso al mercado.

Sin embargo, la Comisión asegura que su propuesta “ayudará a los operadores portuarios a mejorar sus servicios e instalaciones y les garantizarán una mayor autonomía financiera”.

La Comisión no pasa por alto que el 74 % de las mercancías que entran o salen de Europa lo hacen por mar, “pero una quinta parte de ese volumen transita actualmente por tres puertos solamente: Rotterdam, Hamburgo y Amberes”.  Por ello, entiende que este desequilibrio entre rendimientos portuarios provoca “congestión y engendra costes adicionales” para los transportistas marítimos, los operadores de transporte y los consumidores.

Ahorro de 10.000 millones de euros

Además, calcula que las nuevas propuestas permitirían ahorrar a la economía europea hasta 10.000 millones de euros en 2030 y contribuirían a desarrollar nuevos enlaces marítimos de corta distancia.

Para logra unos puertos más eficaces, la Comisión propone establecer normas para evitar posibles abusos de precios por parte de los operadores con derechos exclusivos. Para una mayor atención al cliente, la propuesta instaura un comité consultivo de los usuarios del puerto. Así, algunas disposiciones se ajustarán a las circunstancias locales con el fin de que las comunidades portuarias locales puedan beneficiarse de una mejor coordinación y un entorno empresarial más propicio.

Con objeto de aumentar la eficacia, la Comisión presentará antes del verano propuestas destinadas a reducir la burocracia y los trámites administrativos en los puertos (las denominadas propuestas del «cinturón azul»).

Mejora de las conexiones

La propuesta también recoge la financiación de la UE en virtud del Mecanismo para la interconexión en Europa. Así, habrá un nuevo enfoque en los proyectos portuarios identificados en los planes de financiación prioritaria de los denominados corredores de la RTE-T y en las conexiones de los puertos con la red ferroviaria, fluvial y viaria. Se animará a los puertos a desempeñar un papel activo en este proceso, por ejemplo proporcionando información sobre los flujos de tráfico.

Financiación portuaria

La Comisión amplía la libertad de los puertos para recaudar las tasas por infraestructura y refuerza la transparencia en materia de fijación de tasas y de utilización de fondos públicos. Las propias autoridades portuarias son, considera la Comisión Europea, las más adecuadas para identificar las necesidades de los usuarios y fijar las tasas. Asimismo, los puertos también podrán reducir las tasas a los buques con mejor comportamiento medioambiental.

Dialogo social en los puertos 

A partir de junio, la Comisión creará un Comité de diálogo social para los puertos”, que permitirá a trabajadores y empresarios debatir y abordar cuestiones relacionadas con el trabajo portuario. La Comisión proporcionará apoyo técnico y administrativo a los trabajos de este Comité y evaluará sus avances en 2016.

Esta iniciativa portuaria forma parte de la acción clave sobre el transporte marítimo anunciada en el Acta del Mercado Único II adoptada por la Comisión en octubre de 2012. Asimismo, incluye una comunicación que revisa la política portuaria europea y anuncia ocho actuaciones de la Comisión y una propuesta legislativa dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo con el fin de introducir las nuevas disposiciones legales necesarias para materializar la política y los objetivos.

La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de su adopción mediante el procedimiento legislativo ordinario. Por este motivo, muchas son las voces que ya opinan que el futuro de la propuesta es complicada y no saldrá adelante.