El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes 28 de abril la nueva normativa sobre notificación de emisiones de CO2 para los barcos que utilicen los puertos de la UE.
El texto, ya pactado informalmente con el Consejo de Ministros, se aplicará a partir de 2018 a las embarcaciones de más de 5.000 tn de registro bruto, sin importar su pabellón, como un primer paso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta legislación se aplicará a todas las embarcaciones que pasen por los puertos europeos, y constituye una oportunidad para influir en las negociaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), así como un primer paso hacia la reducción de emisiones, ya que estas se incrementarán el 50% para 2030 "ni so se hace nada", según han señalado los eurodiputados.
En la misma línea, han recordado que el transporte marítimo, responsable del 4% de todas las emisiones de CO2 que se emiten en el viejo continente, "es el único no se somete a medidas de recorte de las emisiones", afirman.
Las exigencias de Seguimiento, Notificación y Verificación (SNV) afectarán a las emisiones derivadas de trayectos a, desde y entre puertos de la UE.
No obstante, estarán exentos de cumplir esta normativa los barcos de pesca, buques de guerra, unidades navales auxiliares, los buques de madera de construcción primitiva, los barcos no propulsados por medios mecánicos y los buques propiedad del Estado utilizados con fines no comerciales.
Reducir la carga burocrática a las empresas
La regulación también trata de minimizar la carga burocrática para las empresas y que las mediciones sean lo más precisas posible. Todas las categorías de embarcaciones tendrán que informar sobre su eficiencia energética en relación a la carga transportada. No obstante, habrá reglas específicas para cada categoría.
Si el informe elaborado por el propietario de un barco cumple los requisitos, un verificador independiente le entregará un documento certificando la conformidad. Estos documentos deben llevarse a bordo y podrán ser inspeccionados por las autoridades de los Estados miembros, que podrían imponer sanciones en caso de infracción.