De acuerdo con el documento, sólo estos cuatro proyectos pueden considerarse actualmente eficaces: Las construcciones portuarias en Ferrol, con una ayuda de 38,5 millones de euros, la construcción de un dique de protección y renovación de una terminal en el puerto de Las Palmas que se benefició de 11,9 millones y los dos muelles en San Juan de Nieva en Avilés, con 6,5 millones de euros.
Por otro lado, dos de los ocho proyectos restantes son tachados por el Tribunal de Cuentas de "ineficaces", ya que se trata de los "puertos vacíos" de Campamento en Andalucía, que se benefició de 16,5 millones de euros de fondos europeos, y de Arinaga en Canarias, que recibió 11,7 millones de euros.
El resto de infraestructuras portuarias auditadas en España "no contribuían al logro de objetivos de la política de transportes de la Unión Europea".
Haciendo hincapié en el desarrollo del puerto deportivo de Chipiona, con una ayuda de 2,1 millones de fondos europeos, un edificio para la policía portuaria en Cádiz que se benefició de 700.000 euros, una lonja en La Coruña que recibió 9,3 millones y un proyecto de renovación viaria en Avilés, 1,2 millones de euros.
Otros proyectos, como el del puerto de Gijón o las nuevas instalaciones portuarias en Punta de Langosteira, no estaban concluidas en el momento de la fiscalización a finales de 2010, debido a "retrasos y problemas". En el caso del proyecto de Gijón, que recibió 248 millones de euros de cofinanciación, se había notificado al Tribunal como finalizado en enero de 2011.
El proyecto de Punta de Langosteira, que había recibido 258 millones de euros del Fondo de Cohesión, no se había finalizado a mediados de 2011, por lo que el Tribunal de Cuentas pide a la Comisión que en el futuro extreme los controles sobre las obras financiadas para garantizar que se ajustan a los objetivos europeos y se completan en los plazos previstos.