La repentina aparición de la crisis provocada por el SARS-CoV-2 dio lugar a la necesaria adaptación de las actividades y procesos en todos los sectores del transporte y la logística, así como a la rápida implantación de nuevos protocolos de actuación. El sector del express internacional no fue una excepción y si bien se encontró también con un panorama imprevisto dio una respuesta ágil.

Efectivamente, los consumidores durante la crisis sanitaria de la Covid-19 han incrementado progresivamente las compras a través del canal ‘on line’, lo que ha provocado que la capacidad de procesamiento por las administraciones de aduanas se haya visto obstaculizada al no existir en muchos países una evaluación de riesgos y un despacho digitalizados, produciéndose retrasos en el despacho de envíos de EPIs y de otros productos sanitarios críticos y llevando a bloqueos fronterizos el uso de trámites y procesos basados en papel.

Durante las etapas más difíciles de la pandemia, el 90% de los vuelos de pasajeros se han quedado en tierra perdiéndose la capacidad de carga de su espacio en bodega, cuando antes de la crisis, la mitad de la carga aérea aproximadamente se trasladaba en tal espacio de los aviones de pasajeros.

Por el contrario, los vuelos en aviones sólo de carga -y, fundamentalmente, los de los integradores- han continuado operando y manteniendo, no sin dificultades, los suministros críticos a nivel mundial.

Asimismo, las restricciones nacionales descoordinadas, tanto en las fronteras como en el interior, han interrumpido las operaciones en muchos países, como los confinamientos, las prohibiciones o restricciones de entregas de productos no básicos en ciertas poblaciones o entornos, las diferentes exigencias a los conductores de reparto, etc.

Los pasos fronterizos en muchos países, en vez de contemplarse como una puerta abierta en una situación de necesidad, continuaron siendo un punto –lento- de control, como si nada hubiera pasado.

avion carguero con material sanitario en el aeropuerto de Foronda

Los servicios de entrega urgente han respondido con una respuesta ágil demostrando una gran capacidad de adaptación.

La disminución del comercio tradicional, de los viajes y del turismo a nivel mundial, junto con una ingente aportación financiera por los Estados para el rescate de negocios y compañías, han mermado o ejercido una fuerte presión sobre los ingresos públicos en muchos países, especialmente en economías débiles o en desarrollo. Asimismo, las pequeñas empresas, en particular, se han enfrentado a un impacto desproporcionado del coste de las transacciones transfronterizas.

Además, muchos Estados no han contado con regulaciones y procedimientos específicos para definir a tiempo qué bienes y servicios han de ser considerados como “esenciales”, ni para despachar rápidamente envíos críticos.

Propuestas

Pues bien, ante este panorama los servicios de entrega urgente han respondido con una respuesta ágil demostrando una gran capacidad de adaptación y su condición natural  de “servicios esenciales” para la continuidad de las cadenas de suministro mundiales y para la entrega puerta a puerta de bienes que se necesitan con urgencia.

Por ello, en un futuro resurgimiento de una pandemia u otro desastre potencial, el sector del express internacional considera que se han de atender las siguientes propuestas.

En primer lugar, los servicios esenciales se han de configurar a nivel global y, sin duda, los servicios de entrega urgente han de incluirse en los mismos.

Todos los niveles de gobierno en cualquier Estado (nacional, regional o local) han de estar coordinados para garantizar la entrega ininterrumpida, puerta a puerta, de los envíos críticos y necesarios.

Por otro lado, se ha de tender a lograr la estandarización de procedimientos y la armonización de las aduanas y puestos fronterizos en todo el mundo en aras de conseguir la necesaria previsibilidad.

Además, se han de implementar los corredores sanitarios públicos de la OACI al objeto de logra que los pilotos de carga y la tripulación de apoyo mantengan en funcionamiento las cadenas de suministro globales durante cualquier crisis o una situación pareja; las operaciones de los aeropuertos se han de mantener siempre abiertas para el tráfico de aviones cargueros; y se han de prever planes especiales de alojamiento de las tripulaciones en hoteles para garantizar que puedan descansar sin exponerse al público.

En cuanto a los servicios de carga aérea, deben recibir un trato diferenciado al de los servicios aéreos de pasajeros, debiendo liberalizarse los servicios en aviones sólo de carga con el objeto de facilitar y fomentar la expansión de las operaciones de carga aérea.

Los Estados deben desarrollar planes de transporte de superficie que puedan implementarse inmediatamente en crisis futuras, incluyendo la exención de cualquier restricción de transporte para los servicios de entrega urgente.

Es indudable que los registros electrónicos, los pagos electrónicos y los procesos de gestión de riesgos digitales son fundamentales para un rápido despacho en frontera. Todas estas soluciones reducen el contacto físico al mínimo, ayudan a mitigar la escasez de personal y garantizan que la atención se centre en los envíos de alto riesgo.

Los Estados deben buscar soluciones que reduzcan los costes de las transacciones transfronterizas –en particular para las pequeñas empresas-, como establecer umbrales significativos para la entrada de determinadas mercancías libres de aranceles y simplificar la recaudación de los derechos aduaneros e impuestos para envíos de bajo valor. Cuanto menor sean los costes añadidos al comercio transfronterizo, mayor será la actividad económica.

Los Estados y las organizaciones internacionales deben comprometerse con el sector privado y han de hacer una planificación anticipada para asegurarse de que los envíos de ayuda críticos puedan moverse rápidamente cuando llegue una nueva crisis sanitaria o una situación similar. En este sentido la confiabilidad en los Operadores Económicos Autorizados ha de ser plena, debiendo fomentarse la expansión de la figura.

Por último, las administraciones públicas y el sector privado deben colaborar para implementar planes que aseguren que el comercio no sufra interrupciones considerables durante una crisis y pueda recuperarse rápidamente una vez que pase la crisis.