Así se ha acordado en el consejo de administración de la sociedad celebrado este pasado viernes, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón y presidente de la sociedad, Rafael Fernández de Alarcón, quien ha resaltado que este despido "no da derecho a indemnización" y responde a razones "suficientes y suficientemente sólidas" que se han conocido a en los últimos meses.
También se ha aprobado las contratación de un servicio de abogados penalistas, la sustitución del hasta ahora director técnico de Plaza por ingenieros de las sociedades del Gobierno de Aragón que han participado en auditorías y la encomienda a los mismos de revisar las certificaciones de obras pendientes de la fase 3 de PlaZa, que fueron firmadas por Miguel Ángel Pérez.
En opinión de Rafael Fernández de Alarcón, la situación judicial de Plaza "no tiene nada que ver" con la plataforma logística sobre la que hace tres meses se mantenían conversaciones con tres empresas locomotoras "de las que dos, siguen adelante", ha resaltado.
Nueve años sin detectar irregularidades
Ante el hecho de que durante nueve años, entre 2002 y 2011, nadie del consejo de administración de la sociedad detectara irregularidades en las obras de construcción, Fernández de Alarcón ha vuelto a pedir "mucha prudencia" indicando que su responsabilidad sobre la gestión de PlaZa comienza en septiembre de 2011 cuando tomó posesión del cargo de presidente de la sociedad como consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón.
"En diciembre de ese mismo año nos hicieron ver que había obras que estaban certificadas pero no acabadas", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que el director técnico "no firmó todas las certificaciones pero sí algunas que nos hacían hecho dudar".
No obstante, ha agregado que no tenían "pruebas de que esto no fueran sino errores puntuales de detalles, de mediciones, y los hechos que hemos conocido en los últimos días son los que, por sí solos, nos hacen cambiar el criterio" para tomar esta decisión unánime de despido disciplinario para Miguel Ángel Pérez, ha manifestado.
Con respecto a los procesos judiciales contra el Gobierno de Aragón en los tribunales por la UTE formada por Mariano López Navarro y Acciona, Fernández de Alarcón ha señalado que el equipo jurídico del Ejecutivo autonómico va a estudiar "cómo tiene que operar".
El consejo de administración de Plaza, que tenía prevista su celebración en septiembre, ha aprobado el presupuesto para el próximo año y ha dado cuenta de varios asuntos relacionados con la conexión carretera con la Plataforma Logística.
Así, se prevé que antes de fin de año concluyan las obras de acceso al cuarto cinturón, que en 2016 sea una realidad el nuevo acceso desde la antigua carretera de Madrid y la firma de un convenio con el Consorcio de Transporte pera mejorar el transporte por autobús hasta la Plataforma Logística.