Según Fenadismer, multitud de conductores españoles están recibiendo, por parte de la concesionaria de las autopistas y autovías portuguesas Brissa, notificaciones de reclamación por supuestos peajes que no se han abonado en los últimos años, acompañándolos de un "importantísimo recargo económico en concepto de gestión y gastos administrativos", que en la mayoría de los casos supone "un incremento de hasta el 5.000% sobre los peajes no abonados".
Así, a un conductor al que se le exige una deuda por el impago de un peaje de 4,42 euros, la concesionaria está reclamando una deuda total de 211,42 euros, es decir, "una penalización 48 veces superior al importe del peaje". En otro caso, a una empresa de transporte, que presuntamente adeuda 1.034,28 euros, en concepto de peaje, se le está exigiendo una penalización por importe de 21.583,53 euros.
Sin embargo, tras las comprobaciones realizadas por Fenadismer en relación a las reclamaciones remitidas a los conductores y transportistas españoles, se considera que "adolecen de importantes defectos y errores", por lo que se aconseja "no se abone la reclamación exigida sino que se recurran administrativamente".
Entre los defectos que ha encontrado la patronal se encuentra la exigencia, por parte de Brissa, de importes de peajes a conductores que no eran titulares del vehículo objeto del presunto impago, ya que la empresa podría estar tomando como referencia para remitir las reclamaciones la información que obtienen sobre la titularidad del vehículo en la fecha actual que consta en el Registro de la Dirección General de Tráfico, "sin tener en cuenta las posibles transmisiones que dicho vehículo haya podido tener con anterioridad". Asimismo, se han detectado errores debidos a la avería o falta de lectura adecuada de la matrícula del vehículo que presuntamente no ha abonado el peaje, "imputando tal falta de pago a otra empresa transportista", lo que sitúa a los transportistas en una "situación de indefensión" frente a las reclamaciones recibidas.
Por ello, Fenadismer, a través de sus asociaciones territoriales, ofrece un servicio de asistencia jurídica para atender las reclamaciones que reciben los transportistas españoles por parte de la concesionaria lusa de autopistas.