El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que autoriza la constitución del consorcio gestor de la Zona Franca de Sevilla.
Esta reforma de la orden ministerial, por la que se incorporan como miembros la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Cámara de Comercio al consorcio, solventa una incidencia de la orden anterior, por lo que la Zona Franca ya es una auténtica realidad. A partir de ahora hay que continuar con la constitución efectiva del Consorcio y las obras de cerramiento y vallado.
El alcalde de Sevilla ha agradecido al ministro Montoro y al Gobierno de España "que hayan cumplido con Sevilla, porque yo defiendo a Sevilla y siempre soy reivindicativo, ya sea con la Junta de Andalucía o con el Gobierno central y por eso hay que agradecer que el Gobierno haya dado una respuesta".
En esta línea, el primer edil ha defendido que "la instalación de empresas en la Zona Franca provocará una transformación de la industria sevillana y unaoportunidad para el desarrollo aeroportuario de la ciudad y para la creación de empleo, puesto que las estimaciones calculan que se almacenarán, transformarán y distribuirán más de un millón setecientas mil toneladas de mercancías anuales, lo que supondrá más de mil millones de euros de facturación".
En opinión del alcalde de Sevilla, la Zona Franca traerá consigo un efecto positivo en toda Andalucía, "porque no viene a sumar sino a multiplicar las ventajas competitivas de Sevilla y del resto del Sur de Europa y tendrá una onda expansiva de empleo".
El Consorcio de la Zona Franca de Sevilla estará formado por un presidente, un vicepresidente y un número determinado de vocales. En todo caso, estarán representados en el órgano el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Autoridad Portuaria de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio. No obstante, podrán incorporarse otros miembros.
El proyecto, destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías en 719.876 m² de superficie del dominio público portuario del área de Torrecuéllar, implica la creación de un espacio de almacenamiento de mercancías comunitarias y no comunitarias exentas de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género.
Se trata, así, de la quinta zona franca de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria.