El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, mediante el Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, en el que se otorga más autonomía a las autoridades portuarias españolas y además motiva su competitividad.
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La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, recogía la autorización parlamentaria de refundición de la pluralidad de normaslegales que hasta el momento rigen en las materias protuaria y de la Marina Mercante, otorgada por la disposición final séptima de la mencionada Ley.
La autorización se refería, fundamentalmente, a las siguientes leyes:
• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
• Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre
• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos del interés general, y la
• Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
Las tres primeras han sido objeto de diversas modificaciones concretas, que igualmente comprende el texto refundido.
El texto refundido se aprobó tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Puertos en agosto de 2010 y tras el dictamen del Consejo de Estado, por lo que este escrito es un conjunto de toda la legislación portuaria desde 1992.
El real decreto motiva la competitividad y la eficiencia de lo puertos que tienen mayor libertad tarifaria, por lo que tienen que alcanzar una rentabilidad anual del 2,5%. Además el texto apuesta por la autosuficiencia económica de los puertos.
Otro de los objetivos es mejorar el libre acceso para obtener servicios portuarios, así como impulsar la política marítima atlántica y las plataformas logísticas del mar Mediterráneo, siempre teniendo en cuenta el factor medioambiental.
El nuevo texto impulsa las Autopistas del Mar para aumentar los intercambios comerciales con Europa. Además también pretende fomentar la competitividad de los puertos y contribuir al apoyo de sectores estratégicos entre los que destaca la automoción, pesca y demás labores náuticas. También la nueva ley pretende mejorar las redes viarias y ferroviarias que tienen acceso a los puertos para conseguir mayor conectividad.