Informe con las Alegaciones del Gobierno de España al dictamen motivado de la Comisión Europa sobre la estiba españolapuede descargarse en este enlace  (disponible en formato pdf, de 13 páginas, y 217 Kb).

La legislación portuaria española es conforme y respetuosa con las libertades comunitarias de establecimiento y prestación de servicios”. Así de contundente es la conclusión que señala el documento con las alegaciones que Puertos del Estado, a través del ministerio de Fomento, remitirá a la Comisión Europea respecto al dictamen motivado por la incompatibilidad de la legislación española relativa a la organización de los servicios de manipulación de mercancías y la contratación de personal estibador con las normas de la Unión Europea sobre libertad de establecimiento.

Precisamente, este documento ha quedado consensuado este jueves en la reunión que el presidente de Puertos del Estado ha mantenido con la Comisión Técnica de la Estiba, integrada por Anesco, los sindicatos Coordinadora, UGT y CCOO y el propio organismo público.

En la reunión se han incorporado algunas peticiones de las partes, aunque el presidente de Puertos del Estado, José Llorca ha impuesto su decisión final en alguna cuestión. Así, se ha barajado la posibilidad de sacar la parte más política fuera del documento y ponerla en una carta aparte que mandaría Llorca.

No obstante, fuentes que han participado en el encuentro, han confirmado a cadenadesuministro.es que parece que esto es “problemático” y, definitivamente, va todo junto en el mismo documento que se enviará inmediatamente a la Comisión dado que el plazo de prórroga para contestar finaliza el 2 de enero.

El documento, firmado por José Llorca, asegura que “las obligaciones de integración en la SAGEP y de contratación de trabajadores-estibadores que forman parte de la plantilla de la misma son medidas que se fundamentan en razones de interés general, la regularidad y continuidad del servicio portuario y la preferencia garantizada por el Convenio 137 OIT, y que resultan adecuadas, proporcionadas y, además, neutrales en términos de libre competencia, tal y como ha quedado explicado en este informe”.

Por ello, se hace referencia a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual «el mero hecho de que un Estado miembro imponga disposiciones menos rigurosas que las aplicables en otro Estado miembro no significa por sí mismo que estas últimas sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho Comunitario«; y, en segundo término, que debe otorgarse a los Estados miembros «un mayor grado de discrecionalidad en la ordenación de actividades y servicios cuando no existe una norma comunitaria sobre los mismos«.

Por tanto, Puertos del Estado no considera “ni razonable, ni justo, ni equitativo” continuar con el actual proceso de infracción contra la legislación española para que, “algún tiempo más tarde o incluso simultáneamente, la Comisión adopte una postura que no fuera en la misma línea a nivel comunitario, o flexibilice la interpretación recogida por el Dictamen Motivado, o decida consentir situaciones similares, mientras España habría sido expuesta de manera discriminada al proceso judicial por el mero hecho de la existencia de una denuncia”.