Puertos del Estado afirma que la situación del puerto de Marín es legal.
A pesar de la reclamación formulada por el puerto de Vigo, Puertos del Estado no pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia la actividad del puerto de Marín.
Así lo ha explicado el presidente de este organismo, José Llorca, en una entrevista concedida a El Faro de Vigo, en la que asegura que aunque el examen jurídico no ha finalizado todavía, la situación del recinto portuario es "absolutamente legal".
Insiste, además, en que el mercado marítimo es "libre y abierto", por lo que tanto Maersk como cualquier otro usuario de unas instalaciones portuarias "pueden elegir dónde operar" en función de la estiba, el valor de suelo, las tasas portuarias, la eficiencia o su estrategia interna, entre otros factores.
En este sentido, desde la Autoridad Portuaria de Vigo denuncian que el Estado es, en parte, responsable de que el recinto compita en condiciones de desigualdad con el puerto marinense ya que consideran que si se suprimiesen las sociedades de estiba, se resolverían los problemas de competencia.
Por su parte, Llorca alega que el 49% de estas sociedades es privado y el 51% corresponde a las Autoridades Portuarias, siendo las estrategias locales las que han ido definiendo, en última instancia, su evolución histórica.
De hecho, el presidente de Puertos del Estado anima al puerto vigués a reflexionar sobre los "elementos que perjudican su competitividad", ya que no necesariamente la estiba ha tenido que ser el único motivo que haya empujado a la naviera a tomar la decisión de trasladarse a Marín.
Sentencia de la Unión Europea
En cualquier caso, el presidente de Puertos del Estado considera que es de vital importancia acatar la sentencia de la Unión Europea y flexibilizar el sector, eliminando la obligatoriedad de las empresas de estibadores de participar en una Sagep, así como la de contratar a los trabajadores de una bolsa de empleo concreta.
De este modo, la reforma, cuyo borrador ya está preparado, garantizará una mayor libertad de empresa. En cuanto a los plazos, según afirma Llorca, "dependerán de cuándo se forme el Gobierno".