El Defensor del Pueblo ha dictado una segunda Resolución que vuelve a criticar la regulación que ha hecho el Ministerio de Industria del calendario para que pudieran pasar la revisión los casi seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el estado de alarma.

Tras una primera Resolución en la que instaba a Industria a que a que suprimiera esta regulación legal, ahora el Defensor del Pueblo insiste en que “quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general«.

En consecuencia, esta institución considera la «actuación claramente inadecuada por desproporcionada» e incluirá una mención a este asunto en el próximo informe anual a las Cortes Generales.

En este mismo sentido, según refiere Fenadismer, el organismo defiende que «detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica y que el “equilibro beneficioso a largo plazo (refiriéndose a las inspecciones futuras) no compensa el sacrificio singular de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.

Así mismo, el Defensor del Pueblo afirma que Industria «trata de vincular el acortamiento artificial del plazo de vigencia de las inspeccione técnicas de vehículos con la mejora de la seguridad vial, lo cual no puede ser compartido por esta institución, puesto que la seguridad vial ya parece estar suficientemente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones, sin que se aprecie conexión (por innecesario) entre el acortamiento del plazo de vigencia de las inspecciones y la mejora de la seguridad vial”.