Renfe percibirá 848 millones de euros en 2012, un importe con el que el Estado cubrirá las cuantías que no abonó a la operadora en 2010 y 2011 y que le paga para sufragar las conexiones con carácter de servicio público que la compañía ferroviaria está obligada a prestar.

De este monto, 367,39 millones corresponden a la liquidación del contrato programa 2006-2010 que Renfe tenía hasta entonces con el Estado, que todavía estaba pendiente de pago.

Los 480,61 millones de euros restantes constituyen el importe que Estado debió pagar a Renfe en 2011 para costear las conexiones que no son rentables económicamente, pero sí socialmente, y por ello se consideran de servicio público.

Como consecuencia del proceso de liberalización del transporte ferroviario, Renfe dejó de percibir en 2011 la partida que hasta entonces recibía del Estado en concepto de compensación de pérdidas. Además, desde ese año, la operadora no puede contar con subvenciones públicas para aquellos servicios y conexiones de transporte de viajeros que no tengan carácter de interés general.

El pago de los atrasos a Renfe copa así más de la mitad (el 52%) del capítulo de subvenciones al transporte incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suman 1.614,3 millones de euros y apenas suponen un leve descenso del 0,3% respecto a 2011.

Con todo, estas ayudas «tienen la finalidad de poner a disposición de los usuarios unos servicios de transporte a precios asequibles, inferiores a los necesarios para cubrir costes«.

El 77% (1.247,91 millones) del total de subvenciones se destinará a transporte terrestre. De ellas, además de lo consignado a Renfe, otros 249,91 millones se emplearán para la financiación del transporte colectivo urbano, otros 100 millones a compensar a las concesionarias de autopistas por rebajas del peaje y 50 millones más para compensar el déficit de explotación de Feve.

Las subvenciones al transporte aéreo se reducen un 17% respecto a 2011 y se sitúan en 285,93 millones de euros, mientras que al transporte marítimo se destinan 47,93 millones, con un descenso del 43%.

Estas dos subvenciones se destinan mayoritariamente a bonificar el precio del transporte aéreo y marítimo de los residentes extrapeninsulares y de las familias numerosas, a lo que hay que añadir 20,19 millones de euros destinados a subvencionar el transporte extrapeninsular de mercancías.