A primeros de abril, continuaron las noticias sobre la Autopista del Mar entre Vigo y Nantes. Así, la UE anunciaba que destinaría más de cinco millones de euros para mejorar la eficiencia de las autopistas del mar, dentro del programa del desarrollo de las Red Transeuropera de Transporte (TEN-T).
Por otro lado, en junio, Trasmediterránea cedió a Suardíaz los derechos de la Autopista de Mar Vigo-Nantes, después de que esta última naviera pasara el primer corte para recibir las ayudas del programa Marco Polo. De esta forma, en total, tendrá un presupuesto de 33 millones de euros, asistido, en su mayor parte, por los gobiernos de Francia y España, a excepción de los tres que otorga la Unión Europea.
Durante este segundo cuatrimestre, comenzó la investigación contra el puerto de Gijón por posibles irregularidades en el uso de las ayudas que la Comisión Europea dio para las obras de ampliación de El Musel.
Así, la Comisión Europea evaluó la cuantía final de estas ayudas, después de que el informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude aconsejara a la CE “recuperar” los 198 millones que se habían abonado hasta el momento en concepto de subvenciones concedidas para la ampliación del puerto de Gijón.
En concreto, la Olaf consideró que la Autoridad Portuaria de Gijón ha cometido irregularidades tanto en la adjudicación de los trabajos como en la aportación de algunos registros contables que considera imprescindibles para efectuar un control adecuado de los pagos. Como respuesta, España calificó de “desproporcionado” devolver la totalidad de las ayudas concedidas al puerto.
Disputa en el puerto de Valencia
Por otro lado, en el puerto de Valencia la mesa del convenio de la estiba se reunió tras acordar un nuevo calendario de reuniones, con el compromiso de llegar a un acuerdo antes del verano. En las primeras negociaciones, las empresas mantuvieron su propuesta de reducir en 18 millones de euros anuales los costes laborales de los estibadores, que supondría una reducción directa de salarios de entre un 15 y un 20% según los sindicatos.
Con esta medida, las navieras pretenden reducir el precio por mover un contenedor ya que la estiba representa un 65% del coste total. Sin embargo, la tasa de remolque del puerto valenciano también es de las más elevadas,duplicando a la de Barcelona, su competidor más directo. Por ello, el Ministerio de Fomento ha instado al puerto a que reduzca el coste de remolque, después de que el puerto de Barcelona, uno de sus máximos competidores, redujese esta tasa en un 20%.
Sin embargo, en junio aún continuaban las negociaciones por alcanzar un acuerdo, unas negociaciones que se vieron agravadas por el conflicto entre Noatum y MSC iniciado después de que el puerto de Valencia diese una concesión a la naviera MSC para operar buques de otras compañías, a pesar de contar con una terminal privada.
Otro de los temas destacados del año ha sido la formación de alianzas de navieras. En concreto, en abril, la Comisión Federal Marítima de EE.UU. despejó el camino para la ampliación del ámbito geográfico de la Alianza G6, mientras que Hapag-Lloyd y CSAV firmaron un acuerdo de fusión para constituir la cuarta naviera a nivel mundial.
Sin embargo, después de que a primeros de junio, la Unión Europea diese su visto bueno a la Alianza P3, fueron las autoridades chinas las que frenaron el intento de MSC, Maersk Line y CMA CGM de constituirse como una de las mayores uniones en el sector marítimo para operar buques portacontenedores entre Asia, Europa y América.
Las navieras, según informaron, respetaron la decisión de las autoridades chinas y decidieron no continuar con la Alianza, a pesar de que podrían haber funcionado solamente en las rutas entre Europa y América, en donde las autoridades sí había aprobado las operaciones de las tres líneas.
Por último, en el sexto mes del año, Antonio Sevilla tomó posesión de su nuevo cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, después de que fuera cesado el antiguo presidente, Ángel Adrián Viudes.
Al respecto, Viudes declaró que se iba “dolido” con el ex-presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien le habría pedido que se quedara al frente de la Autoridad Portuaria hasta el 2015, año en el que se despejarían las dos cuestiones más importantes del puerto, como son la construcción del Gorguel y la liberalización de la estiba.